El neo unitarismo condena a los más pobres
Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANÁLISIS
El regreso victorioso y a tambor batiente del sistema unitario, que había sido vencido por las armas hace 150 años, privó de viviendas dignas a 200 mil entrerrianos, sólo en el último año. Así de escalofriante es el resultado de la aplicación del neo unitarismo, defendido (vaya paradoja) por derecha y por izquierda. Con una parte de lo que este modelo se fagocitó en un año, la provincia de Entre Ríos podría duplicar los sueldos de maestros y profesores.
El dinero que la nación se queda en forma ilegítima hubiera alcanzado para sepultar, en sólo un año, el crónico déficit habitacional de los panzaverdes.
Es cierto que en materia de recursos, si algo brilla en el horizonte institucional es la ausencia de información, la confusión, y la necesidad de que los expertos expliquen con claridad al pueblo cuánto corresponde a la provincia en forma legal, cuánto en forma legítima. Desde esa base se podrían comparar los montos con lo que ingresa de modo efectivo por un sistema automático, más lo que la nación maneja de manera discrecional, según el grado de sumisión de los políticos provinciales o municipales.
Lo cierto es que el análisis más crítico del sistema calcula que el neo unitarismo priva a Entre Ríos de casi 2.500 millones de pesos en sólo un año, y eso va en línea con estudios que estiman una pérdida de 11 mil millones en cinco años. La Fundación del Tucumán señaló hace poco en un informe detallado, que los ingresos que resignó Entre Ríos entre 2003 y 2007 superan los 11.700 millones de pesos.
Claro que allí no se agotan los agujeros por los que se cuela el dinero que corresponde a Entre Ríos. Dirigentes de gran prestigio como Miguel Bonasso, Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió denunciaron, en franca coincidencia, la existencia de fondos millonarios captados por empresas multinacionales, con la venia del poder de turno. Pan American Energy, Barrick Gold y Repsol YPF, entre otras.
Véase que según el régimen de coparticipación, el 5 % de lo que la nación no toma allí se lo pierde también Entre Ríos.
Pino Solanas aseguró que en la explotación minera de Pascua Lama, “la Barrick Gold se va a llevar 40 millones de onzas de oro y 1000 millones de onzas de plata, todo eso representa más de 50 mil millones de dólares”. Sostuvo que sólo la renta anual del petróleo y el gas “representan 15.000 millones de dólares, mientras la gran minería exporta otros 5.000 millones con divisas que no regresan al país”.
Si 15.000 millones de dólares son 57.000 millones de pesos, la provincia de Entre Ríos se pierde allí el 5 %: 2.800 millones de pesos. Eso significa que sobre las 40.000 viviendas que podrían construirse con una distribución equitativa y federal, se sumarían otras 40.000 con un sistema que cerrara las canillas que vacían de recursos a los argentinos.
Bonasso denunció que la presidenta Cristina Kirchner vetó en noviembre pasado la Ley de Protección de Glaciares que fuera aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación, por “3 mil millones de dólares” y en beneficio de la compañía minera canadiense. Carrió denunció cosas parecidas, y agregó que la actividad pesquera “es la caja negra de la política”…
Socialistas, más moderados
Otros estudios sostienen que las pérdidas de Entre Ríos por el agujero centralista (coparticipación primaria) no alcanzaría los 2.500 millones pero sí supera los 1.000 millones anuales.
Y es que el sistema impositivo y distributivo de la Argentina, cruzado por una decena de pactos que en algún caso fueron llamados irónicamente “federales” (pleno menemismo), es un verdadero laberinto. De ahí la necesidad, la urgencia, de que los expertos clarifiquen al pueblo.
Uno de los análisis del reparto de los recursos en el país fue realizado por profesionales del Partido Socialista. Allí, sin entrar en las particularidades de cada provincia, Patricia Giustiniani recuerda: “otro elemento a considerar es el cumplimiento del Art. 7º de la Ley 23.548 que establece ‘El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley’. Durante el año 2008 el total recaudado por la Nación fue de 269.735 millones de pesos (esta cifra incluye todos los impuestos coparticipables o no más los recursos de la seguridad social), lo distribuido a las Provincias en concepto de coparticipación fue de 68.809 millones de pesos, o sea un 25,54 %. Por lo tanto también las provincias se ven perjudicadas recibiendo 22.900 millones de pesos menos de lo que por ley les corresponde”.
Ahí nomás, si se considera que Entre Ríos tiene derecho al 5 % de la distribución secundaria (entre las provincias) podría decirse que de los 22.900 millones de pesos que no ingresaron a las provincias, en nuestro territorio faltaron 1.145 millones. Lo equivale a unas 20.000 viviendas, en vez de las 40.000 que se pierden según otros cálculos.
Así, para desterrar de una el déficit habitacional se necesitarían no uno si no dos años, y sin cambiar el régimen impositivo ni adoptar medidas extras, y ni siquiera echar mano a las rentas mineras, pesqueras, petroleras: sólo exigiendo al poder central que distribuya lo mínimo que la ley le exige.
Maestros: dulce espera
Los fondos escofinados al poder autónomo de esta provincia, y en cuyas cifras no coinciden los expertos, alcanzan sí números astronómicos, y explican la persistencia de conflictos sociales graves e irresueltos, como el que erosiona el sistema educativo entrerriano. Como explican la ausencia de respuestas decisivas a problemas estructurales serios: el la vivienda, por caso.
Cuando el actual gobernador Sergio Urribarri sostiene que no hay dinero para mejorar los alicaídos sueldos de maestros y profesores (congelados en un tercio del costo de la canasta familiar), los especialistas sostienen que el dirigente justicialista está diciendo una verdad a medias. Lo cierto es que a la provincia le corresponde mucho más dinero, pero antes que distribuirlo aquí en un plan de viviendas o en recomponer salarios, el gobierno provincial los cede alegremente al poder central.
Algo similar sufrieron los últimos gobiernos. Hoy, lo que se ve es una consolidación y una agudización del sistema, a grados insospechados. Por esa razón, provincias no alineadas al poder central y con relictos del federalismo (aunque más o menos velados) como Santa Fe, Córdoba, San Luis y Corrientes, iniciaron juicios al estado nacional por la apropiación indebida de fondos, y algunos de los expedientes serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia.
Entre Ríos podría denunciar también (o iniciar otras luchas conjuntas) y le sobran razones, pero la estrategia del gobierno provincial es otra: adherir en un todo a los designios de Buenos Aires, para ver si saca ventajas de esa adhesión. De modo que el poder local queda a merced de que el gobierno central decida orientar algunos de esos fondos a esta provincia en pago por el alineamiento. Y más logrará el gobierno entrerriano si sus pares de otras provincias dan una pelea más frontal, porque esta estrategia consiste en recoger algunas migajas del botín por el cual no se da batalla.
Derrotados sin luchar
La norma que dará mucho trabajo en breve a la Corte Suprema de Justicia es el Artículo 7º de la citada Ley 23548 de Coparticipación.
Según los expertos, hoy llega a las provincias menos del 25 %. Si la Corte atiende la relevancia de este artículo que en algún punto intenta poner freno al unitarismo fiscal, la nación deberá devolver a algunas provincias lo que les corresponde por ley.
Ocurre que en algunos casos, la nación cumple, con obras planificadas como pago de favores, pero no de forma aceitada y automática. Y también ocurre que en los últimos 15 años se sucedieron pactos federales, fiscales, compromisos y arreglos de todo tipo, además de presupuestos nacionales y provinciales que el gobierno central puede tomar como aprobando las actuaciones. Hubo casos en que las provincias acordaron con la nación, presionadas por las circunstancias, dejar sin efecto las garantías de envíos mínimos… De modo que las chances de reclamo, en las provincias que no denunciaron a tiempo, resultan hoy opinables en términos legales, aunque infinitas en política.
De aquí para adelante, es distinto. Lo que sugieren los expertos es el nuevo régimen de Coparticipación, que manda la Constitución de 1994 y que los sucesivos Congresos no resolvieron.
La estrategia de algunos gobiernos como el de Entre Ríos radica, mientras tanto, en que la adhesión partidista del gobernador sea recompensada por el poder central, y eso entra en un modelo típicamente unitario, en las antípodas del artículo primero de la Constitución.
Varias son las causas del alto déficit habitacional en Entre Ríos, que ocasiona hacinamiento, malestar, en un círculo que condena a la exclusión social y a la expulsión, porque mella las expectativas de las familias. Pero la principal de esas causas es esa toma de fondos de las provincias resuelta de modo casi despótico por el estado nacional, y con el consentimiento de algunas provincias, como es el caso de Entre Ríos, cuya actitud sumisa termina debilitando las luchas que otros gobiernos provinciales estarían dispuestos a dar. Se añade a eso la política impositiva que tanto cuestionan sectores obreros como la CTA o la CCC, o dirigentes como los mencionados arriba.
L. Jordán: un mandato
Ahora, ¿qué hace el poder central con ese dinero? Hay dos objetivos claros, y a la vista: pagar una deuda externa que fue denunciada por fraude, y formar una caja con la cual presionar y tener frenados a los dirigentes díscolos.
Lo cierto es que miles de entrerrianos (junto a otros miles de provincianos) dieron la vida en los campos de batalla para librarnos de este sistema de raíz colonialista, desde el Combate del Espinillo en 1814 hasta la Batalla (llamada “carnicería”) de Don Gonzalo en 1873. Esos incontables sacrificios de sesenta y más años cruciales en la vida sudamericana parecen unas de las pocas trincheras que van quedando para los que no aceptan ni aceptarán la sumisión imperante, en este “tercer milenio”.
Entonces, como acaba de escribir el estudioso Jorge Villanova en Concepción del Uruguay, Ricardo López Jordán había sido vencido “por el nuevo país que conformaba la antigua oligarquía vacuna de Buenos Aires”. Después de la caída de Yrigoyen llegaría el sistema de coparticipación, que concentraba más el dinero en Buenos Aires, y ya en 1994 la eliminación del sistema de electores, una decisión que hizo desaparecer de la escena a los intereses de las provincias menos pobladas.
Las gestiones K y sus aliados del interior no sólo atornillaron un sistema no federal como el de la coparticipación impositiva sino que llevaron la relación que debía ser 50/50 al escalofriante 75/25 que estrangula al poder provincial y lo deja a merced de la buena voluntad del gobernante de turno en la casa Rosada, o en la sede del PJ.
A propósito, recuerda Villanova los versos de Fermín Chávez, que cabrían en la boca de López Jordán: “Hay hombres que se venden como anillos / y que le vienen como anillo al dedo / al unitario que pagó su credo. / Hay hombres que disparan cuando hay fuego / y están enfermos para la pelea / porque adentro ya tienen manea”.
La concentración del poder económico, político, mediático y electoral en Buenos Aires revirtió todas las conquistas federales, y los últimos números conocidos lo ratifican.
La posibilidad cierta de que la oposición, aunque dispersa, tenga mayoría de legisladores en las dos cámaras del Congreso desde diciembre próximo abriría algunas perspectivas para revertir el agudo proceso de concentración fiscal que ha convertido al federalismo en letra muerta, pero la experiencia no anima a generar grandes expectativas.
Dicho en números
Es que el gobierno Central con sede en Buenos Aires ya se queda con más del 75 % de los recursos nacionales, y remite menos del 25 % a las provincias, a través de distintos artilugios.
Pero las provincias de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, que no están alineadas a la organización de tipo unitaria decidieron frenar ese proceso con denuncias ante el Poder Judicial.
Este flagelo contrario a cualquier principio distributivo, un vicio que se fue imponiendo en los últimos 20 años y se agudizó, se puede palpar en Entre Ríos en particular, porque es una provincia con escaso desarrollo industrial, que debido a pactos anteriores no cobra Ingresos Brutos en la actividad primaria mientras acepta, sí, que al campo le imponga retenciones el gobierno central.
Ahora, ¿qué puede hacerse con esos 2 mil millones de pesos retenidos indebidamente por la administración unitaria? Con esa plata pueden construirse 40.000 viviendas, es decir, podrían emplearse a miles de profesionales y obreros, movilizar el comercio, las máquinas, el transporte, y resolver en sólo un año el déficit histórico de viviendas en este territorio.
Las cuentas son simples: en Entre Ríos hay cooperativas de trabajo que construyen viviendas con 60.000 pesos por unidad (y hasta el año pasado lo hacían con 35.000 pesos). Es cierto que en algunas operaciones realizadas por el Estado provincial, esas mismas viviendas terminan costando 130.000 pesos pero allí es obvia la sobrefacturación de las construcciones y los terrenos, por procedimientos viciados, muy comunes en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda –IAPV-.
Desde la Universidad
“Los recursos que debería recibir Entre Ríos en forma automática por Coparticipación, son casi el doble de lo que recibe en la realidad. Ello significa que nuestra provincia, sólo en el año 2008, habría dejado de percibir alrededor de $ 2.500 millones. Todo esto sin considerar lo que aporta como impuestos a las exportaciones agrícolas, que sólo capta la Nación”, precisó hace pocas semanas el prestigioso economista y catedrático de la UNER Luis Lafferriere.
Si el gobierno nacional entrega alrededor de 60.000 pesos por familia para la construcción de viviendas, se comprenderá que con 60 millones de pesos pueden construirse 1.000 viviendas; con 600 millones, 10.000 viviendas. Y para resolver el gravísimo problema habitacional de los entrerrianos de unas 40.000 casas, alcanzaría con 2.400 millones de pesos: el mismo dinero que la provincia dejó de percibir sólo en 2008, por la absorción de fondos desde Buenos Aires.
La Multisectorial reunida el 1ro. de Mayo en la plaza central de Paraná para conmemorar el Día Universal de los Trabajadores, denunció esto, en un documento de diez carillas firmado por unas treinta agrupaciones: “Sabemos que la nación está mandando a las provincias en concepto de coparticipación menos del 25 % de los ingresos, y que la concentración de los dineros del pueblo ya privó a nuestra provincia de Entre Ríos de más de 10.000 millones de pesos en los últimos cinco años. Compañeros: así no se construye una nación justa. Repetimos: más de 10.000 millones de pesos escofinados a la provincia por el poder unitario, con la complacencia de gobiernos locales”, reza el documento.
Sueldos, niños y pobreza
Pero en el caso de que el gobierno no viera como prioritaria la vivienda, por lo que significa como techo, obra, ocupación de mano de obra, movimiento económico y posibilidades de desarrollo, véase que con un tercio de los 2.500 millones de pesos que perdió en el año, podría entregar a 300.000 chicos entrerrianos 200 pesos mensuales, con lo cual ayudaría a decenas de miles de familias a salir de la indigencia, la desnutrición, el abandono. Sería un avance notable hacia el plan de contención de la niñez ,y combate a la indigencia y la compra de conciencia, que han planteado entidades sindicales y algunos partidos políticos de oposición. Y con los 1.600 millones restantes podría duplicar, lisa y llanamente, el sueldo de los docentes. Sólo por dar ejemplos de la magnitud de los fondos, porque es obvio que el reparto podría ser equitativo y las inversiones diversas.
Como conclusión: el superávit fiscal de la nación, el pago de la deuda externa fraudulenta, sin investigación ni denuncia, y el uso arbitrario de fondos del pueblo, todo ello se hace quitando a las familias una casa y a los trabajadores un sueldo digno. Así de directos son los efectos de la arbitrariedad en el poder.
Si es cierto que durante 2008 las partidas para hospitales fue de 62 millones de pesos como dijo el gobernador de Entre Ríos, ese monto equivale al 2,4 % de lo que la provincia cedió a la nación. Quiere decir que en un año cedimos 40 años de partidas para los hospitales.
Con reforma impositiva, con reforma en la distribución, con un federalismo social en lugar del neo unitarismo reinante, el país interior se abrirá otros horizontes.
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