El dinero que se voló
 |
El suboficial mayor Alejandro Albornoz es un hombre de Paraná, pero hasta principios de este año cumplía funciones en la Dirección de Administración Financiera, del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, con sede en Capital Federal. En los últimos tiempos, el militar invirtió 250.000 dólares en terrenos que compró en La Paz y puso a nombre de su hija; compró una casa en 100.000 dólares en calle Lebenshon, a nombre de dos de sus tías ancianas; aportó más de un millón de pesos para la construcción del edificio Torres de Manantiales de calle Colón, en un fideicomiso donde aparece su madre jubilada y gastó 500.000 pesos en la compra de dos camiones para la empresa de transporte que instaló con su hermano, según pudo determinar ANALISIS. Casi nadie lo conoce y no aparece en fotos, pero su voracidad por el dinero y los negocios lo están dejando al descubierto.
Las idas y vueltas que tiene una campaña oficial para la salud
La vacuna puede esperar
En enero pasado se anunció una nueva etapa de vacunación contra la leptospirosis. La razón fue la aparición de nuevos casos, pese a que la estadística oficial lo desmintió. La información en poder del Estado también reveló otra cosa: en Gualeguaychú, el departamento donde más impactó la enfermedad, se distribuyeron dosis pero no se vacunó.
Legislación penal para menores
La respuesta está escrita
Entre Ríos es una de las provincias pioneras en tener una ley que garantice un “debido proceso” a los menores de 18 años. Si bien la norma está aprobada, aún no ha sido reglamentada. Las transformaciones más importantes establecidas en la nueva legislación no se han hecho y los jueces suelen manejarse con viejas prácticas tutelares. El nuevo Código Procesal Penal promete la figura del “fiscal juvenil”. La desarticulación de los órganos del Estado y la escasa inversión en políticas para menores amenaza con volver todo a fojas cero.
El fiscal Julio Rodríguez Signes ve las islas pero no la costa
El Estado tuerto
Muy preocupado por la usurpación de propiedad pública, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, ha emprendido una cruzada para recuperar las tierras fiscales ocupadas en la zona insular del Delta entrerriano. En esta línea, ha avanzado en la posibilidad de pedir la anulación de los títulos de propiedad que, indebidamente, la Dirección de Catastro les habría otorgado a privados sobre lotes que totalizan unas 100.000 hectáreas. El fiscal argumenta que se trata de “bienes de dominio público”, por lo que solicita su restitución. Pero, paradójicamente, el esmero del funcionario para luchar por los intereses estatales no parece ser el mismo para con playa Los Arenales, un predio oficial al norte de la ciudad de Paraná tomado por un empresario ligado al poder. Rodríguez Signes, mediante presentación judicial, se ha empeñado en frenar un juicio que permitiría recuperar este solar para la utilidad pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario