Los catedráticos Luis Lafferriere y Gustavo Lambruschini, los políticos Rosario Romero (peronismo federal), Darío Olivera (Proyecto Sur), Atilio Benedetti (UCR), Carlos Retamoza (comunismo revolucionario) y Lisandro Viale y Emma Bargagna (socialismo); el agrarista Alfredo de Ángeli, y los gremialistas Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo advirtieron desde muy distintos ángulos sobre una peligrosa situación socioeconómica en Entre Ríos y enumeraron prioridades que la actual gestión de gobierno descuida. Ante un sondeo de ANÁLISIS, brindaron diagnósticos sin rodeos, que colocaron al gobernador Sergio Urribarri y a la Presidenta Cristina Fernández en el centro de un debate ineludible. ¿Por qué los aplazos? ¿Qué ven en el horizonte?Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANALISIShttp://www.analisisdigital.com.ar/
Revista Análisis - Paraná - Entre Ríos
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Jueves 9 Agosto 2012
Once dirigentes
y docentes fueron consultados en virtud de sus conocidas posiciones
críticas del actual modelo, pero lo que podía ser un repaso de
asuntos pendientes terminó siendo un clamor de alerta por las
consecuencias que padecerán los entrerrianos, de continuar el
régimen “neocolonial extractivista”, según la calificación del
economista Luis Lafferriere.
Las respuestas
mostraron desacuerdos con el oficialismo desde puntos de vista
diversos (y hasta enfrentados), lo que hizo más sabrosas las
intervenciones porque en lo que algunos ven malas gestiones, otros
advierten además un agotamiento del sistema capitalista y hasta un
genocidio.
La consulta
sirvió también para constatar la necesidad de muchos sectores de
explicar sus posiciones, de modo que sólo extractamos aquí
fragmentos de las respuestas y sirve mostrar el conjunto para
que pueda observarse el arcoíris de posiciones que confluyen en la
crítica al modelo actual.
En todos los
casos, las expresiones anticipan el debate en que entrarán los
entrerrianos y que en estas horas está dando claros síntomas, por
ejemplo con las demandas obreras y la denuncia del pacto fiscal.
En lo que sí
hubo acuerdo unánime es en el categórico aplazo de la gestión
provincial en materia de federalismo. Los calificativos: de genuflexo
a felpudo. Las notas: del cuatro al uno, y ningún aprobado.
También
confluyeron las posiciones en el reclamo del manejo soberano de las
finanzas , es decir: la creación de un banco provincial.
En cuatro
páginas se exponen aquí las razones de los entrevistados, y otras
de similar importancia con vistas al debate que viene quedan para el
próximo número.
Casi todos los
que enumeran errores graves en el modelo que encarnan Cristina
Fernández y Sergio Urribarri, denunciaron antes el modelo encabezado
por Carlos Menem (y seguido por Fernando de la Rúa) y el tiempo les
dio la razón. El precedente es fuerte. Para Lafferriere, por caso,
el régimen actual “es delineado por las grandes corporaciones
transnacionales y por los intereses hegemónicos de los países
capitalistas centrales. Se apoya en la sobreexplotación de los
trabajadores y en el saqueo irracional de los bienes comunes de la
naturaleza ubicados en nuestro territorio”.
El profesor
Gustavo Lambruschini, conocido por su pronóstico acertado en torno
de la catástrofe que escondían los sucesivos gobiernos
neoliberales, señaló a su turno que el estado nacional aplastó el
“Argentinazo” de 2001 para seguir con el modelo, y se ha
convertido en el peor enemigo del pueblo trabajador y también de la
burguesía nacional, porque los gobiernos ponen al estado al servicio
del capital financiero internacional.
El lapidario
juicio de Lambruschini no apuntó solo a las gestiones de Kirchner y
Urribarri sino al sistema capitalista, y eso fue compartido por otros
entrevistados pero no por todos.
Del cuatro
al cero
ANÁLISIS les
preguntó qué nota le pondrían a la gestión del gobernador Sergio
Urribarri en la defensa del federalismo, en una escala del uno al
diez.
Darío Olivera:
“ni siquiera puede ser calificado en este rubro porque el
gobernador, cada vez que fue necesario fue muy claro en su adhesión
a libro cerrado y sin condicionamientos, a las propuestas y líneas
que bajan del gobierno nacional”.
Para Lisandro
Viale, Urribarri “no es más que un mero gestor genuflexo del
gobierno nacional”.
Rosario Romero
le puso “un cuatro porque ha sido demasiado permisivo respecto de
la resignación de recursos de la provincia y se ha renunciado a un
perfil independiente”. María Emma Bargagna: “Un 4, aplazado”.
Alfredo De
Ángeli: “Un cuatro, porque no ha defendido el federalismo”.
Luis
Lafferriere: “El gobernador entrerriano ha avalado en todo momento
este proceso de destrucción del federalismo”.
Carlos Retamoza
lo dijo de este modo: “La nota sobre la defensa del federalismo es
un uno, porque defender es custodiar, proteger, conservar,
resguardar…y aquí los entrerrianos no hemos podido discutir y
decidir sobre la necesidad que hay sobre una nueva ley de
coparticipación. Los fundamentos que ha dado el gobernador sobre las
necesidades de la provincia, son que él consigue todo por su
fidelidad a la presidenta”.
Atilio
Benedetti: “Un tres, yo no lo apruebo. Ha conseguido algunas obras
importantes para la provincia, como el caso del Hospital de
Gualeguaychú, pero todo eso en base a la resignación de nuestros
derechos constitucionales. Entre Ríos fue una provincia pionera en
la lucha por el federalismo. A nivel nacional se la reconoce por eso
y es una de las características fundadoras de nuestra identidad
cultural. Sin embargo, hoy en día se habla del gobierno de Urribarri
como el más alineado con Cristina Kirchner. De ser una provincia
rebelde y que se impuso ante los atropellos de Buenos Aires, Entre
Ríos pasó a ser el felpudo del gobierno nacional”.
Para el
diputado nacional, el de Cristina Fernández “es un gobierno que
disciplina gobernadores e intendentes en función de cuanta fidelidad
le demuestren”. En Entre Ríos, “la dependencia económica con el
Gobierno Nacional es total. A pesar de la obsecuencia de Urribarri,
cada mes se le complica más para cumplir con el cronograma de pagos
y hasta ha debido recurrir a un préstamo del BERSA y a la emisión
de letras de tesorería”.
Ricardo Sánchez
afirmó a su turno que el gobierno de Sergio Urribarri “no ha
defendido el federalismo, y no se ha parado en una discusión seria
con el gobierno central, ha realizado un permanente seguidismo, lo
que lo coloca en navegar sobre aguas tranquilas para que los recursos
coparticipables lleguen en tiempo y forma. No ha discutido, ni
ha revisado la coparticipación con el gobierno nacional”.
Desde su visión
gremial, Cristina Fernández “no respeta el federalismo ya que su
lógica de distribución de recursos y de obras públicas tiene como
mirada un permanente disciplinamiento de los gobiernos provinciales”.
El profesor
Mauricio Castaldo, militante de la Asociación Gremial del Magisterio
y del Foro Artiguista, se extendió en este asunto en particular. “No
puede haber debate ni proyección federalista con la continuidad del
ajuste, de la concentración, de la desigualdad, la pobreza, la
precariedad; del extractivismo, de la dependencia y del saqueo. El
gobierno nacional es antifederalista, y el federalismo es letra
latente, no muerta, en la Constitución y fuerza latente en las
luchas populares. Otro de los errores y contradicciones es dejar que
el tema del federalismo sea tomado y tergiversado por sectores de
derecha y conservadores. El federalismo como proyecto revolucionario
y transformador nació de la mano del artiguismo en 1813 y ninguna
fuerza política importante reconoce las líneas generales de ese
proyecto que nos sigue interpelando”.
Agregó que
Urribarri “queda para mí descalificado, con la peor nota. Los
entrerrianos tenemos una lucha por nuestra soberanía particular y
por la igualdad federalista solidaria que estos gobiernos soslayan y
envían al tacho de basura. El 75% de los recursos provinciales
entregados al poder central y al capital hegemónico patentizan esta
evaluación desaprobada”.
El
federalismo no existe
Los
entrevistados expusieron fundadas razones sobre incumplimientos de la
nación en materia de federalismo (uno de los puntos del cuestionario
presentado por ANÁLISIS), y en este tema coincidieron todos los
sectores.
Dijo Bargagna:
“la nación no respeta el derecho constitucional de las provincias
en el reparto que les corresponde recibir por coparticipación
federal de impuestos. Y además, condiciona los ATN que está
entregando y las herramientas financieras de que dispone a
través del Banco Central a conductas o decisiones que no respetan
las demandas de las realidades locales. No le devuelve a Entre
Ríos el 15% -cerca de 600 millones de pesos anuales- que le cobra de
coparticipación con destino a las famosas AFJP cuando nuestra
provincia sostuvo y no entregó su Caja de Jubilaciones y
Pensiones. Ese dinero que le debe la Nación a Entre Ríos permitiría
superar el déficit de la Caja de Jubilaciones”.
Para Rosario
Romero, lisa y llanamente “el federalismo actualmente no existe.
Lamentablemente, queda sepultado aún más cuando se presiona a las
provincias para recibir obras y aportes que les corresponden. Ahora,
ante las dificultades económicas, reiterando las recetas de los 90,
se imponen aumentos de impuestos y ajustes”, afirmó.
“Los
gobiernos centrales no están para presionar a las provincias ni para
mandarles las obras enlatadas ni para retarlos en público. Las
provincias preexisten a la Nación y ésta no existe si los estados
provinciales no son autónomos en su desarrollo y uso de los
recursos. Ese es el diseño de la Constitución Nacional de 1853,
ratificado por la reforma de 1994”.
La diputada
apuntó que debería haber “un movimiento de las distintas
provincias tendiente a realizar el debate pendiente desde 1994, sobre
la nueva ley de coparticipación federal”, y luego denunció el
deterioro de las instituciones por la falta de libertad de
prensa: “se replica en la provincia el mal uso de los recursos
estatales para fortalecer un aparato de propaganda oficial con
dineros de los entrerrianos, subordinando a los medios... Esto
implica un tremendo ataque a los derechos de los ciudadanos, que
carecen de información veraz y de libertad de expresión”.
En coherencia
con estas críticas, la diputada Romero presentó esta semana un
proyecto de ley para denunciar el Pacto Fiscal (Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales) de 1992, y destinar
el incremento de la coparticipación principalmente a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones. “La gran deuda del federalismo argentino
es, y ha sido desde hace más de 20 años, la discusión de un ‘gran
pacto de distribución de ingresos’ que culmine con la sanción de
una Ley de coparticipación de impuestos entre las Provincias, que
les garantice una automaticidad en las remesas y que elimine la
dependencia fiscal de éstas con el gobierno federal… Sólo
aquellas Provincias ‘alineadas’ a un modelo, o ‘aliadas’
políticamente a la Nación reciben recursos de manera discrecional”,
dice la iniciativa de Romero.
El más
unitario
Para el
socialista Viale, “la actitud del gobierno nacional respecto al
federalismo es lamentable, no sólo que está lejos de cumplir con la
coparticipación del 34% de los fondos que exige como piso la Ley
federal sino que, además, la administración de Cristina Fernández
es la que más fondos ha centralizado desde la vuelta democrática a
esta parte, con niveles de discrecionalidad inauditos”.
Urribarri “se
golpea el pecho hablando del legado artiguista pero en la práctica
no es más que un mero gestor genuflexo del gobierno nacional”,
subrayó.
El ingeniero
agrónomo Carlos Retamoza, del Partido del Trabajo y el Pueblo,
sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “es el
más unitario de las últimas décadas”, y es así “por la
necesidad de mantener los controles y subordinación para garantizar
un rumbo y favorecer a empresarios amigos como hicieron Cristina y
Néstor”.
Luego se
preguntó “¿quién decidió que a la timba, los casinos, los
concentre Cristóbal López y no paguen impuestos todos estos años?
¿Y que Argentina sea el país de América Latina que regala sus
minerales? ¿Quién decidió que Eskenazi tenga cuatro bancos de
provincia y se le haya dado una parte de las acciones de YPF?”.
En una línea
similar, Darío Olivera, de Proyecto Sur, afirmó que los sucesivos
gobiernos kirchneristas concentran los ingresos y reparten “con
cuentagotas y de acuerdo al grado de adhesión de los gobiernos
provinciales a los dictados del ejecutivo nacional. El gobierno se ha
negado a incluir en la coparticipación a los recursos provenientes
del comercio exterior y el impuesto al cheque, lo que le otorga un
poder de presión muy fuerte sobre las provincias. La actitud del
gobierno nacional en el caso del gobernador Scioli es un claro
ejemplo de lo que afirmamos. Estimo que la escasez de recursos que se
está viendo, va a ir llevando a algunos gobiernos provinciales a
iniciar un camino de reclamos ante el Ejecutivo nacional. Córdoba ya
ha iniciado ese camino”.
Añadió que el
reparto según la adhesión “le funcionó bien a Urribarri mientras
le enviaban dinero y obras públicas como premio a su subordinación
absoluta. El tema es ahora, cuando los recursos comienzan a ser mucho
más escasos. En este sentido, es vergonzoso el uso que pretenden
hacer desde el gobierno provincial de la figura de Artigas, un
ejemplo del federalismo que pretendemos”.
Sin
autonomía tributaria
Luis
Lafferriere apuntó que la Nación “por un lado se va quedando con
recursos que les corresponden legítimamente al conjunto de las
provincias argentinas, y por el otro le transfiere los servicios sin
su correspondiente financiación”.
Alma mater del
programa de extensión “Por una Nueva economía humana y
sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación, el
economista aseguró que ese avance centralista “impacta de lleno en
el teórico sistema federal de gobierno que establece nuestra
Constitución, ya que ahoga financieramente a las provincias,
destruye su autonomía, y las conduce a una situación de absoluta
dependencia del poder central”.
“A
pesar de que la ley de coparticipación vigente (del año 1988),
aprobada también por todas las legislaturas provinciales, dispone
una distribución primaria del 57% para todas las provincias y del
43% para la Nación, desde la década del ’90 se fue modificando de
manera unilateral siempre en beneficio de la Nación.”.
Hoy, “el
porcentaje que se queda la Nación es de alrededor del 70%, quedando
sólo a las provincias el 30% restante. Por otro lado, el creciente
peso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que quedan
en manos del gobierno nacional, disminuye las ganancias de las
empresas y de esa manera también perjudica a las provincias por la
caída de la masa de fondos de la coparticipación”.
“Al
no existir autonomía tributaria, las gobernaciones provinciales se
ven en una creciente dependencia del envío de los fondos
discrecionales por parte del gobierno nacional, quien reparte los
recursos como si se tratara de un patrón de estancia”.
Sobre el
gobernador Urribarri, afirmó: “dada su conocida postura de apoyo
incondicional al gobierno nacional (priorizando esa conducta por
sobre su obligación de defender los derechos de los entrerrianos) ha
preferido recibir fondos vía el manejo discrecional de la Nación…
Si se hubiera cumplido la distribución originaria de la ley de
coparticipación federal de impuestos, en los últimos dos años
(2010 y 2011) la provincia debería haber recibido más de ocho mil
millones de pesos adicionales que quedaron en las arcas de la
Nación”.
Las
inquietudes
Las consultas
de ANÁLISIS se extendieron sobre temas sociales, cooperativas,
ambiente, y las respuestas de estos y otros reconocidos entrerrianos
serán expuestas en la próxima edición. ¿Cómo fundamentar, por
caso, la expresión “genocida” para el actual sistema?
La inflación y
sus efectos sobre obreros y pymes, la ausencia de fuentes de trabajo
y la expulsión de habitantes en Entre Ríos, el desarraigo, la
destrucción del tejido productivo de pequeños campesinos y el
crecimiento irracional de las ciudades, la pobreza a pesar de los
paliativos, la concentración de las riquezas y la prevalencia del
capital financiero (pooles por ejemplo), el pago de la deuda externa
ilegítima, la corrupción, la crisis educativa; y así el
sometimiento al centralismo, la insustentabilidad del sistema
productivo, la falta de políticas de promoción cooperativa, y las
consecuencias del sistema sobre la biodiversidad y la salud de las
personas, además de la degradación de las instituciones, fueron
algunos de los temas señalados por los entrevistados como
inquietantes, desde ópticas no siempre coincidentes.
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Todos
por un banco estatal
Los
entrevistados coincidieron también en pedir que el dinero del pueblo
sea manejado por entidades estatales, pero con algunas diferencias en
los modos.
Para María
Emma Bargagna “el gobierno debe cumplir con el mandato de la
Constitución Provincial reformada en el 2008 creando el Banco de la
Provincia Entre Ríos. Los municipios y los productores e
industriales entrerrianos, a través de sus organizaciones, deben
asociarse, conformar y participar en el Banco provincial. La unión
hace la fuerza. La participación y la transparencia le dan
sustentabilidad en el tiempo y generan las condiciones para que la
sociedad lo sostenga y lo defienda contra las inclemencias de
los vientos del poder”.
Mauricio
Castaldo acordó: “necesitamos un banco estatal provincial como
parte del debate sobre la nacionalización bancaria, y como parte del
debate sobre la reafirmación de nuestra soberanía particular
federal. La discusión sobre un banco estatal provincial debe ir de
la mano de la discusión sobre la devolución federal de recursos y
sobre nuevas políticas de transformación estructural, para no ser
funcional a la continuidad de la estructura del saqueo. Los grandes
municipios deberían discutir democrática y estratégicamente su
forma de vinculación y de participación en el desarrollo de ese
nuevo banco provincial, pero el banco provincial no debe ser
funcional a la continuidad del despoblamiento del interior
entrerriano”.
Para Lisandro
Viale, “debemos tener un banco provincial, no solo porque es una
herramienta invaluable a la hora de pensar la posibilidad de ese plan
de provincia del que señalábamos como necesario, sino porque
también es una obligación constitucional asumida en la última
reforma de nuestra Carta Magna. También sería positivo que aquellos
municipios que cuenten con la estructura necesaria puedan establecer
sus propios bancos tal y como Paraná supo tener el suyo. Y no es
necesario que sean grandes instituciones, sino que tengan una visión
y una misión social”.
Darío Olivera:
“Ya en la campaña electoral del año pasado, Proyecto Sur señaló
la necesidad de recuperar una herramienta financiera en manos de la
provincia. El declive del grupo Eskenazi a nivel nacional con su
alejamiento de YPF hace posible volver a insistir en el tema. El
Nuevo Bersa cobra sumas siderales del gobierno provincial por ser su
agente financiero y no cumple ninguna función en el fomento a las
actividades productivas de la provincia. Mucho menos de los pequeños
y medianos productores del campo y la ciudad. También podría
promoverse la creación de Cajas de Créditos, tal como existieran
hasta Martínez de Hoz”.
“La
reconstrucción de Bancos Municipales como el que supo existir en
nuestra ciudad puede ser una de las formas de ir reconstruyendo un
sistema financiero estatal”, añadió Olivera.
Rosario Romero
recordó también que cuando se reformó la Constitución en 2008 se
incluyó la creación de un Banco provincial. “Lo ideal es que los
municipios confluyan y colaboren para ese objetivo. Es un modo de
fortalecer el desarrollo provincial y en los municipios, de financiar
obras para los vecinos, además de generar financiamiento para obras,
industria y comercio. Además, un banco de inversión para
proyectos que generen trabajo y riqueza y de financiamiento a los
vecinos para la obra pública, sería un pilar valioso. Debe ser
un banco de inversión productiva y financiamiento de obras,
objetivos que no satisface la banca comercial, ni siquiera los tiene
en vista. Hoy esta última financia el consumo y los plazos son
breves, lo cual excluye los proyectos de inversión. Esa
ausencia en la provincia se nota y la creación del Banco Provincial
sería sí una medida de significación económica,
para Entre Ríos. También significaría un cambio
cultural respecto de las políticas de los 90”, insistió.
Alfredo De
Ángeli eligió una respuesta más escueta: “Debe haber un Banco
Provincial, con autarquía para evitar su uso político”.
Lafferriere
amplió: “los dineros que manejan los bancos no son propios, sino
que constituyen ahorros de la población, y por lo tanto deberían
ser manejados de manera transparente por la propia comunidad, con
objetivos que apunten a mejorar las condiciones económicas y
sociales. En la medida que los bancos privados (y a veces los
oficiales con su misma lógica) sean quienes manejen los fondos de la
comunidad, difícilmente se logre otra cosa que para la acumulación
de unos pocos, que además al ser agentes extraprovinciales (y
algunos extranjeros) terminan llevándose el fruto del esfuerzo de
los entrerrianos fuera de la provincia. Pensar en otras alternativas
a la realidad actual, requiere cambios profundos, no sólo en la
promoción de formas asociativas y participativas para administrar
los ahorros de la población, sino en bancos públicos locales que se
manejen con una dinámica diferente”.
Desde la
Central de Trabajadores Argentinos, Ricardo Sánchez apuntó: “se
debe crear un banco provincial al servicio de la producción y de la
pequeña y mediana empresa; al servicio de los trabajadores con
créditos blandos que reactiven el mercado interno apostando a una
política de integración regional”.
Atilio
Benedetti coincidió pero para una segunda instancia: “Antes de
avanzar en la idea de fundar una entidad financiera provincial
aseguraría la sustentabilidad fiscal y económica del estado.
Logrado ese objetivo sí avanzaría en la creación de una entidad
financiera que esté al servicio del desarrollo de los entrerrianos”.
Para Retamoza
“debe existir un solo banco provincial de apoyo y fomento que sea
el que usufructúe el ser agente financiero, el manejo del volumen de
la plata de todos los entrerrianos y no un particular a su exclusivo
interés. Que el dinero sea prestado al comercio, la industria y el
campo a tasas razonables en función y en proporción a la generación
de empleo y trabajo provincial. Hay un proyecto de la ex Diputada Ana
D’Angelo que puede ser utilizado como aporte aun proyecto de estas
características. Deben tener participación en su directorio los
representantes de los trabajadores de adentro y de la provincia y de
todos los demás sectores. Hoy vemos el robo descarado del capital
financiero a través de las exorbitantes y leoninas tasas de interés
de los préstamos o tarjetas y de los negocios siempre vinculados al
poder de turno, que permiten que los trabajadores sean esquilmados
por los amigos del poder”.
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Lambruschini
lanzó el guante
El catedrático
paranaense Gustavo Lambruschini lanzó un reto inaudito a los
pensadores de la provincia, en respuesta al cuestionario presentado
por ANÁLISIS.
Con su
característico desenfado, el estudioso enumeró los males de la
argentina y Entre Ríos, señaló la seguidilla de gobiernos del
Partido Peronista, acusó a la dupla Duhalde-Kirchner de “aplastar
el argentinazo” de 2001, y al detenerse en los obstáculos que
presenta el centralismo porteño no descartó la posibilidad de
amenazar con la recuperación de la independencia, es decir, la
independencia del territorio entrerriano, para poder acordar en otros
términos con Buenos Aires.
“El
Estado ‘nacional’ o ‘federal’ argentino puede ser descripto
metafóricamente, de forma plausible, como un voraz parásito
hematófago que desde un punto de vista político, succiona los
recursos de los Estados ‘provinciales’ (putativamente
preexistentes) y desde un punto de vista social, le chupa hasta la
última gota de sangre excedente, no sólo al proletariado argentino
(cuero del que salen en última instancia todas las lonjas y lonja de
la que salen todos los tientos), sino también a los últimos restos
competitivos de la burguesía ‘nacional’, en especial a la
pequeña burguesía agraria (que desde el punto de vista del origen
del capital es la menos internacionalizada)”, afirmó.
Peor que la
burguesía
“La
expoliación que comete el Estado nacional y la exacción de
plusvalía que perpetra, es cuantitativamente mayor que la que ejerce
el mismísimo parasitismo burgués. El gobierno KK quiere hacer creer
que existe una distinción entre políticas ‘neoliberales’ y
‘neokeynesianas’ (que de hecho son las mismas políticas a favor
del capital perpetradas en diferentes circunstancias de la lucha de
clases; sin embargo, el Estado nacional estructuralmente viene
transfiriendo los recursos expoliados, en primer término a los
bancos, es decir, al capital financiero (aquí está la clave del
"conflicto agrario", en el que la burguesía agraria se
negaba a seguir transfiriendo dinero al capital financiero); y en
segundo término, discrecionalmente, a los así llamados
‘capitalistas amigos’, asignación esta última de recursos que
se explica no por las relaciones sociales del capitalismo sino para
mantener la dominación política corrupta del PJ”.
En una medulosa
columna, Lambruschini señala “la expoliación estatal a favor del
capital financiero”, complementada por la fuga de capitales “que
en estos últimos años KK asciende a la suma de casi 100 mil
millones. No es que se hayan abandonado las ‘políticas
neoliberales de los '90’ –aclaró-, sino que se hacen
estratégicamente las políticas necesarias para prolongar la
dominación capitalista y del Estado de clase en estas precisas
circunstancias históricas”.
Tras señalar
las luchas de Artigas, Ramírez, Urquiza y López Jordán , apuntó:
“si a los fantasmas de esos muertos los animáramos con la sangre
patriótica de los vivos y les preguntáramos qué hacer, parece que
la respuesta sería evidente”. De inmediato subrayó que ni
siquiera sería necesario “hacerles la aconsejada guerra para
detener la mano que nos lacera y para cortar los vínculos que nos
engrillan. Simplemente habría que exigir con firmeza el cumplimiento
efectivo de la Constitución Nacional. Un posible Partido
Constitucionalista estaría en condiciones de encaminar nuestras
luchas”.
Para mostrar el
extremo en que se encuentra la situación del federalismo, desafió:
“No resulta para nada evidente que los entrerrianos seamos más
libres y más felices por ser ‘argentinos’ que lo que podríamos
ser si recobráramos nuestra independencia y autonomía”, y como
buscando una provocación, para que las cosas no queden en apenas
intercambios, añadió que podría pedirse “el protectorado del
Brasil, un país que cultural, política y económicamente, tiene más
porvenir que esa satrapía pejotista que es la Argentina”.
Su búsqueda
estaba explicada: “¿Por qué tendríamos que seguir siendo
‘argentinos’? O, en todo caso, ¿por qué no podríamos amenazar
con todo esto para negociar en mejores términos la relación con el
Estado nacional? Tal vez de esta manera podríamos emular de forma
ciertamente menos heroica la venerable tradición a cuya altura de
ninguna manera estamos”.
Entre Ríos resigna mucho, recibe poco y afronta el peso de la inversión docenteSalarios reprobados
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| Los números desmienten la preferencia que el gobierno nacional tiene sobre Entre Ríos. |
(especial para ANALISIS)
Los números desmienten la preferencia que el gobierno nacional tiene sobre Entre Ríos. Al menos eso dice el sector docente que co-conduce el principal gremio de los docentes en la provincia –Agmer– y que dirige algunas departamentales como Paraná.
En resumen se podría decir, siempre según el estudio realizado por los gremialistas docentes, que Entre Ríos está alto en los cálculos al momento de resignar recursos coparticipables y bajo al momento de recibir fondos federales para los docentes. Así las cosas, la desvencijada espalda provincial debe soportar como pocas el peso de la inversión en materia educativa.
“Nosotros creemos que no miente la Provincia cuando dice que no tiene dinero para hacer frente a las demandas. Pero debe plantarse a reclamar lo que es de Entre Ríos”, resumió a ANÁLISIS el gremialista Roque Santana, autor del estudio que compara los sueldos docentes y establece que Entre Ríos está último en la escala.
“En 1988, en momentos previos a la Marcha Blanca, el salario más bajo de los docentes era el de los nacionales. Y en ese marco, los entrerrianos estábamos en el lugar 5”, comienza ilustrando Santana para rematar con la situación traída al presente: “hoy se volvió con esta cuestión de salarios a nivel nacional y Entre Ríos pasó a estar en el último lugar”. Ocurre que la provincia recibe fondo de financiamiento educativo –que se destinan al salario docente pero no son contributivos ni remunerativos, sino que se pagan en negro– y eso obliga a jugar con las reglas fijadas en la Casa Rosada.
(Más información en la edición gráfica del 9 de agosto de 2012 del Semanario ANALISIS)
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