Plata hay pero se la kedan - Tirso Fiorotto

Cuentas públicas bajo la lupa obrera

Plata hay

pero se la kedan

Daniel Tirso Fiorotto

Especial para ANALISIS

Empleados entrerrianos que llevan un archivo de datos actualizado sobre los números del tesoro provincial aseguraron a ANÁLISIS que el principal obstáculo del gobierno de Sergio Urribarri es la voracidad fiscal de la gestión Kirchner y la “obediencia debida” del propio gobernador. Para los trabajadores, el federalismo ya está para ser velado, y la llamada distribución rima con ficción. El diagnóstico de las cuentas inquieta, porque demuestra que la crisis va de mal en peor, y porque los números que manejan los obreros los invita a luchar por recomposiciones salariales y así anticipan conflictos gruesos. ¿Cómo puede defenderse un modelo que escofina a la provincia más de 2.000 millones de pesos anuales, se preguntan, y que acumula fondos en Buenos Aires para pagar una deuda externa harto sospechada? Si esta crítica obrera al modelo K atrapa, más sorprende el listado de soluciones que los propios trabajadores le proponen al gobierno, con reformas al alcance de la mano.

Todo indica que Entre Ríos expulsa habitantes y concentra las riquezas, y que el actual modelo no revierte ese proceso. Y todo indica que el sistema federal que tantas vidas costó conseguir se va despidiendo por inanición.

Sobre estas y otras evidencias, un grupo de trabajadores entrerrianos que guarda números bien organizados sobre la economía provincial realizó un diagnóstico de situación, y resumió algunas propuestas que, al lado del modelo conservador actual, lucen revolucionarias.

¿Qué les cuestionan y qué les proponen los obreros a las gestiones Kirchner y Urribarri? La nacionalización de la propiedad de la tierra, y una reforma agraria para combatir el latifundio y la especulación y brindar oportunidades al campesinado y a la gente de barrio. Para empezar, esta consigna muestra que no se está ante soluciones playitas.

Otra: un cambio drástico en el sistema impositivo para eliminar las gabelas sobre los alimentos, y que devuelva al país el federalismo, con hincapié en el impuesto a las ganancias.

¿Qué más? Denunciar la deuda externa fraudulenta, como lo hizo Ecuador, y jamás pagarla graciosamente como hace el modelo K.

Los trabajadores consultados por ANÁLISIS tienen prolijas carpetas con datos de la economía provincial, de la evolución de los números del tesoro, y carpetas bien preparadas también con soluciones. Entonces, aquellas consignas que a primera vista lucen ambiciosas, se muestran como inevitables para afrontar la crisis, generar cambios estructurales y salir de esa suerte de resignación que parece envolver a la clase gobernante y que tanto favorece a los sectores poderosos de la economía.

Todo esto puede resultar una sorpresa, para quienes piensan que el trabajador se agota en la lucha callejera y en las dos frases que puede improvisar frente a un micrófono para que su inquietud se escuche por la radio y se conozca en la tevé.

Así, estos obreros sostienen que deben establecerse planes que generen empleo, al contrario de las medidas recientes que permiten y vigorizan el ingreso irrestricto de mercaderías elaboradas en países como China, y compiten así con las posibilidades de desarrollo de pymes industriales argentinas y latinoamericanas. Les piden a los gobernantes cambiar el actual sistema fiscal unitario por uno federal que garantice autonomía a las provincias, como manda la Constitución en su artículo primero, y dé aire a los municipios, y les piden que destierren el sistema actual de compra de conciencia con dineros del pueblo, traducido en términos palpables en caprichos como el adelantamiento de elecciones o la construcción de candidaturas engañosas.

Gobierno para la pantalla

Y así, sugieren planes sociales acordes al costo de vida y no de 150 pesos, que consideran (con razón) una burla, y salarios para enfermeras, maestras, administrativos, etc., que se aproximen a la canasta familiar que supera los 4.000 pesos y se alejen de los 1.600 pesos actuales. Porque dicen que estos montos mantienen a miles en la línea de pobreza a pesar del récord sobre récord de recaudaciones de los últimos 7 años, y deprimen al mercado interno y, obviamente, a los abastecedores locales de ese mercado interno.

Sería largo enumerar: nacionalización y explotación sustentable de las riquezas, desaliento de la concentración en los servicios (comercio, banca, comunicaciones), abordaje de grandes problemas nacionales como las viejas/nuevas disputas con el Reino Unido por las pretensiones neocoloniales inglesas sobre millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional.

Los trabajadores se confiesan azorados ante la seguidilla de cortinas de humo, como les llaman a las permanentes “sorpresas” con que el modelo K ametralla a los ciudadanos. Según ellos, los anuncios y los cambios repentinos sirven al modelo K para entretener con minucias a la población y desviar la atención de graves asuntos nacionales.

Estos apuntes son sólo muestras del diagnóstico obrero y de las soluciones propuestas, en Entre Ríos. Y alcanzan a estos trabajadores entrerrianos, agrupados en la Corriente Clasista y Combativa –CCC-, para sostener que la matriz del sistema económico de la dictadura y el menemismo sigue bien aceitada en pleno kirchnerismo, con la banca en manos de amigos del poder, con favores a los grandes especuladores de la soja y los agronegocios que compiten con ventajas contra los microemprendedores y las pymes del campo; con la distribución de la riqueza en veremos, y con un creciente abismo entre los marginales y los privilegiados del sistema.

Estos obreros de la CCC, algunos de ellos empleados del estado entrerriano, que llevan un seguimiento actualizado de los números del tesoro provincial con curvas de ingresos y egresos incluidas, piensan que las injusticias y los engaños del modelo K son tapados con prebendas y aprietes que silencian a muchos dirigentes de gremios y asociaciones civiles o partidarias, y alinean a los políticos partidarios del oficialismo.

Contra el latifundio

Como la crisis del campo tiñó casi todo el último año de la política argentina, hay que decir que este grupo de obreros consultados por ANÁLISIS y que se desempeñan en oficinas públicas, hospitales y escuelas, acusan a los gobernantes actuales de hacer un relato engañoso de lucha contra los monopolios y la propiedad concentrada, cuando en verdad favorecen y estimulan la concentración y la economía de “escala” y extractiva, al tiempo que ponen en jaque a los campesinos y las pymes.

Ahí está la primera diferencia de estos obreros con algunos sectores no oficiales que miran con simpatía posiciones del gobierno respecto del campo: para estos trabajadores de la CCC, los únicos que se sostienen en pie y crecen con el modelo actual son los grandes propietarios, los pooles de siembra, los especuladores, las exportadoras y los propietarios de patentes y agroquímicos, es decir, las multinacionales. Y el daño se nota también en algunos propietarios medianos que hasta ayer fueron productores y el modelo fue convirtiendo en pequeños rentistas, un paso previo a la expulsión y al éxodo y a la concentración de la propiedad en pocas manos.

En concreto: la política kirchnerista no facilita el desarrollo del trabajo familiar y las pymes en el tambo, en el citrus y otras frutas, en pequeños establecimientos ganaderos y agricultores de baja escala, y tampoco muestra planes que reviertan el proceso de concentración de la propiedad y el uso de la tierra.

También sostienen que no es difícil dilucidar la verdad: el gobierno puede demostrar que está con el pueblo y contra el latifundio nacionalizando las propiedades extranjeras, poniendo límites al latifundio, repartiendo tierras, apoyando la biodiversidad con posibilidades concretas para actividades diversas a la soja, desalentando las especulaciones llamadas “pooles” que han sido, aseguran, harto favorecidos por la política con K, y aprobando leyes de arrendamiento favorables a los chicos, leyes ya propuestas por entidades del agro y cajoneadas por el oficialismo.

Como una respuesta alentadora ante las políticas gubernamentales, desde la CCC ven con buenos ojos la unidad de la lucha obrera y campesina como se vio en las rutas con el encuentro de productores santafesinos y trabajadores metalúrgicos de las industrias de maquinarias, por ejemplo.

Números para discutir

Ahora, ¿qué se dice y qué conclusiones pueden extraerse en las estadísticas que la CCC entrerriana lleva casi al día, sobre los números del tesoro provincial?

Primero: que la nación y la provincia no cumplen con un grado constitucional fundamental de la distribución que es el sistema federal, y que eso se da tanto por el espíritu unitario de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner como por la genuflexión de Sergio Urribarri.

El aporte es atendible, y más porque de estos datos y razonamientos deriva un espíritu de lucha distribucionista que dará que hablar en lo que resta de 2009 y probablemente inunde todo el año del Bicentenario.

Véase en números contantes y sonantes. Un documento que los trabajadores explicaron a ANÁLISIS sostiene que el gobierno nacional no cumple con el art 7º de la ley 23.548 (Coparticipación Federal) en el punto que obliga a coparticipar el 34% del total recaudado (sean o no coparticipables los impuestos). En 2.007 la nación envió a las provincias solo el 27,37% y en 2.008 menos aún porque fue del 25,54%. De modo que entre pitos y flautas, y sólo en 2.008, Cristina Kirchner le quedó debiendo a los entrerrianos la friolera de 2.500 millones de pesos.

Los obreros de la CCC recuerdan que desde el año 1994 las provincias contribuyen a financiar las jubilaciones nacionales. Entre Ríos contribuyó en 2008 con 1.562 millones de pesos y sólo le reconocieron un poco más de 100 millones. Es decir que esta provincia envió sin retorno al Estado Nacional más de $ 1.400 millones de pesos anuales el año pasado.

Apuntan que del Impuesto al Cheque sólo se coparticipa el 30%. Es decir, de cada 100 pesos, la nación se queda con 70, y luego, de los 30 restantes, se queda con más de 15.

Si se coparticipara el 100% Entre Ríos tendría por este concepto 319 millones de pesos más cada año.

Tomando otras instituciones, aseguran que según la Fundación Mediterránea la no coparticipación de las retenciones le significó a Entre Ríos resignar entre 280 y 340 pesos por cada habitante. Así, multiplicando la cifra más chica (280) por la cantidad de habitantes de la provincia (que es 1.160.000 personas según el censo del 2.001) Entre Ríos ha dejado de percibir 324.800.000 pesos en 2008. Sólo por las retenciones.

Si se suman, entonces, las captaciones indebidas de la nación sobre recursos provinciales, en 2008 debieron ingresar a la provincia, y no están aquí, más de 2.000 millones de pesos.

-0-0-

Autonomía en derrota

La incidencia desproporcionada de los fondos llegados del gobierno central, en el presupuesto provincial, es una de las inquietudes de los obreros, y se potencia por la discrecionalidad con que Buenos Aires maneja dineros paralelos y que se desembolsan según las simpatías y no de acuerdo a reglas universales.

Las estadísticas demuestran que en algunos meses, de cada 10 pesos, 8 vienen de la nación, y sin contar esas otras remesas para fines diversos que Buenos Aires envía en forma discrecional.

La dependencia del gobierno central resulta ya abrumadora, y en números la situación sería peor aún si se cumpliera con la ley de coparticipación, porque la presencia del dinero llegado desde Buenos Aires resultaría mayor aún que el 8 a 2 actual. Pero los obreros señalan que en ese caso, con fondos provistos por la ley y no por la voluntad de un presidente, un ministro o el cónyuge de un presidente, se notaría un avance hacia el tan mentado federalismo y contra el modelo de prebendas que ven en la actualidad.

Por otra parte, los obreros señalan que si bien la que más presiona con impuestos es la nación, también es la que menos servicios presta. Y apuntan que eso tiene que ver también con vicios que vienen desde la dictadura como la transferencia de servicios sin los fondos correspondientes.

Un problema agregado es la dificultad de agregar presión fiscal provincial sobre la ya insoportable presión nacional, en las pymes. Y eso se nota por caso en la eliminación de Ingresos Brutos a la actividad primaria, con pérdidas para los recursos provinciales (y para la autonomía política), y la sustitución de esa presión por retenciones a la actividad primaria impuestas por Buenos Aires, y no coparticipables.

La desaceleración del crecimiento y el ingreso en una nueva crisis se nota también en las estadísticas y en las nuevas leyes: los trabajadores de la CCC aseguran que un síntoma es el nuevo presupuesto provincial que permite al Ejecutivo echar mano de fondos de organismos descentralizados.

Para los trabajadores, en algún punto se puede coincidir con el gobierno provincial en que el presupuesto no da para mucho. La trampa en que no quieren caer radica en que el gobierno provincial adhiere en todo al nacional, que es el que le escofina los recursos. Y dicen que eso mismo pasó, en mayor o menor medida, con las anteriores gestiones de Jorge Busti, Sergio Montiel y Mario Moine.

Cuestionan los “fondos de reparación histórica” establecidos para provincias que tienen más recursos que la nuestra, y afirman que el fondo anunciado para Entre Ríos no se compara con las abultadas sumas que la nación extrae en esta provincia y no devuelve. También le reprochan al centralismo el manejo de las políticas financieras, petroleras, mineras y pesqueras, y los nuevos guiños a organismos como el Fondo Monetario.

Lejos de agotarse en la protesta callejera, los trabajadores se preparan para discutir números y medidas de fondo y por correr las cortinas de humo que ellos denuncian, y que al gobierno les resultan, por ahora, eficaces a los fines de dejar los grandes temas para otro día.