Se corrobora la consolidación de un “modelo” de desarrollo esencialmente agrosojerominero exportador, y los enormes beneficios otorgados a las multinacionales mineras y a las corporaciones sojeras. Al mismo tiempo, se les niega el 82% a los jubilados, se realiza otro ajuste contra los trabajadores, intentando poner un techo del 20% al aumento de los salarios, por debajo de la inflación que ya supera el 25%. Otra demostración de que el “modelo nacional y popular” es la continuación del neoliberalismo con maquillaje de progresista.
El gobierno tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias son alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, objetivo final de todos los planes estratégicos.
Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2): incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar
la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.
Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo
sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta anunciaba
junto al Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao,
el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio públicoprivado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral.
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es Gustavo Grobocopatel.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET
y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años. En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una
joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos
transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM.
En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$S 20.000 millones para el desarrollo de la tecnología
y su introducción en nuestro país y los mercados globales.
El 14 de junio del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company. Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos
movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2
Pro” -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la
importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la
frontera agropecuaria hacia la Patagonia. Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90,
es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia,
destinadas principalmente a la producción de transgénicos.
Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas, espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo,
nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por
Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron
producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del
presidente Barack Obama.
El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de
la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor
recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones
de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).
El gobierno consolida el modelo extractivo y dependiente en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales.
Una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad. Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en
las periferias urbanas configuran la contracara del “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por la propaganda del kirchnerismo.
PARTIDO REVOLUCIONARIO MARXISTA LENINISTA
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