Entrevista a Lolita Chávez y Jesús Alemancia, portavoces indígenas
| Las empresas transnacionales ocupan el territorio de diversas comunidades en toda Latinoamérica |
Hace un año que las comunidades ngäbes buglés en Panamá se levantaron contra la explotación hidroeléctrica prevista por el Gobierno en el río Tabasará, que supondría un daño irreversible contra sus bienes naturales, el desplazamiento de decenas de personas y un ataque frontal contra lo que estas comunidades consideran la madre tierra.La principal represa proyectada en Panamá es la de Barro Blanco, en cuyo diseño y aprobación participaron empresas españolas como Soluziona (hoy, Indra), los consultores Novotec y CSI, y la propia Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), que certificó el megaproyecto. Las protestas se saldaron con varias personas indígenas muertas y cientos de heridas. Pero las obras siguen sin poder dar comienzo.
Jesús Alemancia es activista y portavoz de los procesos de resistencia contra las transnacionales.Sociólogo de formación, acompaña al pueblo ngäbe buglé en su lucha contra las represas.
En esa misma lucha está Lolita Chávez, portavoz electa del Consejo de Pueblos K’iche’s de Guatemala,donde participan las comunidades, autoridades ancestrales y dirigentes que están velando por el respeto, la recuperación y la defensa del territorio. Según afirma Lolita, ni la veintena de denuncias que se han cursado en su contra, ni las amenazas y los atentados que ha sufrido durante el último año conseguirán que abandone. Ella participó en la coordinación de la consulta comunitaria en su municipio, Santa Cruz del Quiché, en la que 27.000 personas se pronunciaron en contra de cualquier proyecto minero o hidroeléctrico que pretenda llevarse a cabo en sus territorios.
Pero esta activista también es consciente del desprecio con el que actúa el Gobierno presidido por el general retirado Otto Pérez, acusado de genocidio. Conoce de cerca el caso de la represa Hidro Santa Cruz, concesionada por la empresa gallega Hidralia Energía y aprobada a pesar de la negativa de la población, que desembocó en la declaración de un Estado de sitio en el municipio de Barillas y la muerte de un dirigente comunitario, presuntamente a manos del personal de seguridad de la corporación.
Un mapa de conflictos...
Jesús Alemancia es activista y portavoz de los procesos de resistencia contra las transnacionales.Sociólogo de formación, acompaña al pueblo ngäbe buglé en su lucha contra las represas.
En esa misma lucha está Lolita Chávez, portavoz electa del Consejo de Pueblos K’iche’s de Guatemala,donde participan las comunidades, autoridades ancestrales y dirigentes que están velando por el respeto, la recuperación y la defensa del territorio. Según afirma Lolita, ni la veintena de denuncias que se han cursado en su contra, ni las amenazas y los atentados que ha sufrido durante el último año conseguirán que abandone. Ella participó en la coordinación de la consulta comunitaria en su municipio, Santa Cruz del Quiché, en la que 27.000 personas se pronunciaron en contra de cualquier proyecto minero o hidroeléctrico que pretenda llevarse a cabo en sus territorios.
Pero esta activista también es consciente del desprecio con el que actúa el Gobierno presidido por el general retirado Otto Pérez, acusado de genocidio. Conoce de cerca el caso de la represa Hidro Santa Cruz, concesionada por la empresa gallega Hidralia Energía y aprobada a pesar de la negativa de la población, que desembocó en la declaración de un Estado de sitio en el municipio de Barillas y la muerte de un dirigente comunitario, presuntamente a manos del personal de seguridad de la corporación.
Entrevista a Alberto Acosta, candidato a la elección presidencial
Revista Viento Sur
La “revolución ciudadana” en Ecuador es uno de los símbolos de las experiencias “post-neoliberales” sudamericanas y el gobierno de Rafael Correa es considerado frecuentemente una referencia por numerosas izquierdas europeas. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en ese país el 17 de febrero de 2013, en una coyuntura política en la que la oposición conservadora ha sido incapaz de presentar una candidatura única y el gobierno conserva una muy fuerte ventaja en los sondeos, aunque con un leve descenso después de seis años en el poder. Hace dos años, hicimos un primer balance crítico de la experiencia ecuatoriana en el curso de una conversación con el intelectual y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta /1. Acosta es ahora candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, coalición que agrupa a una decena de organizaciones que van desde el centro-izquierda a la izquierda radical, entre ellas Pachakutik (partido indígena considerado el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE) y el Movimiento Popular Democrático, de origen maoísta, que cuenta con una implantación sindical notable (sobre todo en la enseñanza). Ahora hemos podido continuar esa conversación y el debate fraternal que habíamos iniciado para comprender los procesos en curso en el campo político de las izquierdas ecuatorianas.
F. Gaudichaud: Alberto, estamos en pleno proceso político electoral nacional en Ecuador, pues los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de febrero 2013. Tú has sido una figura destacada de Alianza País, ministro asambleísta, presidente de la asamblea constituyente, y ahora apareces como cabeza de una candidatura de oposición de izquierda /2 al gobierno del Presidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo explicar esta situación y tu propio recorrido político personal?
A. Acosta: En la actualidad, el gobierno de Rafael Correa se asemeja a un mal conductor de bus… de esos que pone direccionales a la izquierda cuando en realidad gira a la derecha.
El gobierno de Correa ya no es un gobierno de izquierdas, mucho menos revolucionario y menos aun de “los ciudadanos”. Este es un gobierno que perdió su brújula en el camino y que como máxima expresión de su contradicción, ahora pretende destrozar uno de los mayores logros de este proceso: la Constitución de Montecristi, aprobada por amplia mayoría del pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. En este sentido cabe señalar que las violaciones a la Constitución del Ecuador por parte del gobierno del presidente Correa son múltiples y podría pasarme horas enteras narrándolas.
El propio presidente de la República, que defendió hace cuatro años la Constitución calificándola como “la mejor del mundo” y que duraría según él “trescientos años”, señala ahora que esta Constitución tiene demasiados derechos, que es “hipergarantista” y que por lo tanto hay que modificarla. ¿No te suena esta retahíla al discurso que los gobiernos llamados liberales o neoliberales han expresado en otras ocasiones, respecto a leyes que les condicionaban porque garantizaban los derechos de ciudadanos o de los consumidores? Correa se convirtió en un personaje que ya no quiere respaldar una Constitución que él mismo ayudó a elaborar y aprobar. Ese es el signo de la evolución del gobierno ecuatoriano.
Pero en el plano internacional y en las filas de gran parte de las izquierdas mundiales se le describe como un gobierno progresista consecuente, en acción, reformador. El gobierno de la “revolución ciudadana” aparece como un gobierno de cambio social, que podríamos calificar de tipo “posneoliberal”, y es cierto –según lo que he podido comprobar aquí en Quito y en el resto del país– que hubo avances concretos en varias temáticas: cambios fiscales progresivos, reformas sociales reales, planes públicos destinados hacia los sectores más pobres, grandes planes de construcción de infraestructuras, en particular en las regiones postergadas hasta el momento (como parte de la costa o de la Amazonia)…
Madurar política y socialmente una transición alternativa:
...Es decir no se trata solo de luchar por una mejora del sistema ferroviario, sino de discutir que papel tendría un ferrocarril estatal en el marco de un Programa Nacional de Transporte. No es solo bregar por la nacionalización total de YPF sino de proponer un Plan Energético Nacional; no es solo combatir la inflación con control de precios, sino de controlar los costos de producción y distribución de las formadoras de precios, estableciendo la razonabilidad en las tasas de ganancias y ajustar los salarios periódicamente de acuerdo a un índice de inflación real; frente a los límites en la creación de empleo hay que hacer cumplir la jornada legal de 8 horas, pero no hay otra salida efectiva que la reducción de la jornada laboral y el reaparto del trabajo existente. Una nueva ley de entidades financieras es necesaria pero la salida de fondo pasa como mínimo por la estatización de los depósitos en camino a la nacionalización del sistema financiero todo; Y un largo etcétera
E.Lucita - La Haine - Argentina: La parte del todo
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