La (in)seguridad de la Multitud (NPH)

¿Si se disuelve a la policía quién se ocupa de la seguridad?

¿Si la multitud es un concepto de clase, qué clase de seguridad necesita la multitud?

“En San Miguel, en un procedimiento en el que se descubrieron 750 kilos de cocaína, los investigadores encontraron a agentes de la policía tomando mate con los delincuentes. Apenas el gobernador Daniel Scioli habló de los supuestos triunfos de su administración en la lucha contra el narcotráfico, desde el Ministerio de Justicia de la nación le contestó la mano derecha de Aníbal Fernández, la Fiscal Mónica Cuñarro: ‘El 90% de las causas iniciadas por la policía bonaerense son en la vía pública y por escasa cantidad. La bonaerense no investiga los casos graves de narcotráfico. La desfederalización de la Ley de Drogas es un fracaso. Los discursos dicen una cosa y los datos de la Corte de la provincia, de los juzgados criminales y del Ministerio público dicen otra. La policía bonaerense lleva casos nimios a la justicia criminal provincial y federal. La desfederalización es un fracaso. Lamentablemente, el doctor Raúl Zaffaroni tiene razón. La provincia tiene competencia en la distribución de cocaína, el tráfico de precursores químicos y el almacenamiento. Pero insisten en hacer procedimientos por nimiedades. No llevan esos casos a la justicia. Ante esto, el discurso del gobernador Scioli cae, y la única verdad es la realidad’. Cien jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas que apoyan la despenalización de la tenencia para consumo y una reforma integral a la Ley de Drogas: Creen que ‘En muchos casos las organizaciones de narcotraficantes recibieron protección política, administrativa y judicial. La política en vigor en materia de drogas no sólo no ha disminuido su tráfico, ni su consumo, sino que, por el contrario, ambos siguen en alza. La acción del sistema penal dirigida contra el consumidor ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial, de encubrimiento del tráfico mediante acciones dirigidas contra los sectores más vulnerables’, dice el documento al que adhieren la Defensora General ante la Casación Stella Maris Martínez, el Camarista Federal Horacio Cattani, el Juez Marcelo Madina, el Fiscal Carlos Rívolo y casi un centenar de magistrados de todo el país. La justicia provincial investiga también el caso del último colombiano fusilado por un sicario. El documento de los jueces apunta a algunos sectores del gobierno nacional, como la Sedronar, ‘Por el descontrol de los precursores químicos usados en la elaboración de drogas como la cocaína y las metanfetaminas’. Por otro lado, tienen la mira sobre el Gran Buenos Aires y su rol estratégico en el gran tráfico. Les preocupa el caso de ‘Por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la provincia nunca les preguntó cuál era el origen del dinero con el que compraron autos, casas, empresas y abrieron cuentas. Lo más llamativo para los expertos es el control de los tres puertos de la provincia de Buenos Aires desde los que se cree puede salir la droga hacia Europa”.

Cristian Alarcón, Crítica Digital, 3/3/09.

Índice:

I) Corrupción, inseguridad y expoliación.

II) La seguridad en manos de la multitud: El retorno del "¡Qué se Vayan Todos!"

III) La seguridad del estado es la inseguridad de la multitud.

IV) Disolución de la policía, autoprotección asamblearia y tribunales comunitarios.

Colectivo Nuevo Proyecto Histórico-Leer