La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana mantuvo cinco semanas de movilizaciones contra las petroleras para protestar contra 11 decretos legislativos.
Tras semanas de intensas movilizaciones en los departamentos amazónicos, el Gobierno peruano decretó el pasado 9 de mayo el estado de emergencia durante 60 días en nueve municipios selváticos de las regiones de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. Con la medida, quedaron suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y de tránsito. Además, las fuerzas de seguridad podrán detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones. Los primeros movimientos de esta escala represiva se tradujeron en el envío de barcos de guerra por los cursos fluviales.
El motivo del decreto no es otro que “restablecer el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos”. La protesta indígena más masiva de los últimos tiempos se inició el pasado nueve de abril con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur, protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía.
Tras la contundente medida coercitiva, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que las amenazas no amedrentan a los nativos y que éstos están dispuestos a morir para hacer respetar sus territorios y defender la Amazonía.
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