EL RECHAZO A LAS POLITICAS DEL PREMIER ERDOGAN UNIO A MANIFESTANTES Y A LA CENTRAL SINDICAL
“Ahora estamos en primavera, pero no dejaremos que se transforme en invierno”, declaró Erdogan en alusión a la “primavera árabe” que terminó con gobiernos como el egipcio. En cambio, el presidente Abdullah Gul se mostró moderado.
Turquía vivió un cuarto día de protestas sociales y represión de la policía, razón por la cual la principal central sindical del país convocó para hoy a una huelga por 48 horas contra el exceso policial. La situación se agravó ayer después de que la Unión de Médicos Turcos (TBB) anunciara la muerte de Mehmet Ayvatas, un manifestante de 19 años atropellado al levantar una barricada en una autovía en Estambul. Frente a los acontecimientos, el presidente, Abdullah Gul, aceptó entrevistarse ayer con Kemal Kilicdaroglu, dirigente del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que se acusa de estar fomentando las protestas.
Esta anunciada reunión llegó en un momento crítico y horas después de que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que concentra la mayoría de las críticas, se fue del país para una visita oficial a Marruecos y Túnez durante cuatro días, repitiendo que no cedería ante las protestas. “Nos mantendremos firmes (...). Sí, ahora estamos en primavera, pero no dejaremos que se transforme en invierno”, declaró Erdogan por la mañana, en alusión a la “primavera árabe”.
La confrontación entre activistas y el gobierno turco comenzó el viernes pasado en el pequeño parque de Gezi, una zona arbolada de tres hectáreas situada junto a la plaza de Taksim, centro neurálgico del lado europeo de Estambul. Las protestas se iniciaron pacíficamente para pedir que ese parque no sea demolido para construir un centro comercial y un complejo de viviendas, aunque luego se profundizaron y derivaron en reclamos de la renuncia de Erdogan con manifestaciones en todo el país. El primer ministro, acusado de autoritarismo y de querer islamizar la sociedad turca, se enfrenta a un movimiento de protesta de una importancia inédita desde la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado) en 2002.
El último jueves (23 de mayo), magistrados del Tribunal de Justicia (TJ) absolvieron por unanimidad a cinco militantes acusados injustamente por la Monsanto de ser instigadores y autores de supuestos crímenes ocurridos en 2003. La trasnacional entró como asistente de acusación en la acción penal, en respuesta a la manifestación de 600 participantes en la 2ª Jornada de Agroecologia, en la Estación experimental de la empresa, en Ponta Grossa, para denunciar y protestar contra la entrada de las semillas transgénicas en el estado, así como contra las investigaciones ilegales y otros crímenes ambientales practicados por la empresa.
(Terra de Dereitos) Brasil - La trasnacional Monsanto está en más de 80 países, con un dominio de aproximadamente el 80% del mercado mundial de las semillas transgénicas y de los agrotóxicos. En diferentes continentes, la empresa acumula acusaciones por violaciones de derechos, por omisión de información sobre el proceso de producción de venenos, cobranza indebida de regalías e imposición de un modelo de agricultura basado en el monocultivo, en la degradación ambiental y en la utilización de agrotóxicos.
En Brasil, la invasión de semillas genéticamente modificadas tuvo inicio hace una década, con mucha resistencia de movimientos sociales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. En Paraná, la empresa Monsanto usó el recurso de la criminalización de militantes como forma de responder a los que se oponían a los transgénicos.
Fueron acusados Célio Leandro Rodrigues y Roberto Baggio, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST; José Maria Tardim, para ese momento integrante de AS-PTA – Agricultura Familiar y Agroecología; Darci Frigo, de Terra de Direitos; y Joaquim Eduardo Madruga (Joka), fotógrafo ligado a los movimientos sociales. En clara señal de criminalización, la transnacional atribuyó la manifestación, compuesta por más de 600 personas, como una responsabilidad de apenas cinco personas, usando como argumento la relación genérica de los acusados con los movimientos sociales.
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