La detención y encarcelamiento de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, parece un nuevo montaje preparado por la policía y los tribunales. Llaitul ya estuvo anteriormente un año y cuatro meses en la cárcel, después de los cuales tuvieron que liberarlo, pero después de una injusta privación de libertad. Estos son métodos de tortura y represión, contra miembros del pueblo mapuche.
Los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Justicia chilenos no buscan hacer justicia, sino son meros instrumentos de represión y amendrentamiento contra el pueblo mapuche. La prisión tiene como único objetivo aplastar la moral de los líderes mapuche. Se utilizan “testigos protegidos”, cuya mantención corre por cuenta de todos los ciudadanos que pagan impuestos al Estado chileno. Esos testigos que declaran en contra de los acusados se han convertido en un nuevo tipo de funcionarios estatales. Los juicios intentan darle una cara legal o “democrática”, al terrorismo de Estado, que es ilegal e inmoral. Junto al aprisionamiento de dirigentes mapuche, hay una política de terror racista contra las comunidades, realizada indiscriminadamente contra la población mapuche y donde los mayores afectados son los niños y adultos mayores. Esta represión continúa pese a las denuncias de organizaciones de salud comunitaria y de derechos humanos. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. Esto se hace bajo la complicidad de las autoridades civiles concertacionistas (intendentes, gobernadores, CONADI, Orígenes), que así se dedican libremente al cohecho electoral y a los malos manejos de los fondos estatales.
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