Al igual que la mayoría de la población ecuatoriana y de colectivos y movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos hemos defendido y luchado por la posibilidad de construir "Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades...", anhelo que ha sido plasmado en la Constitución ecuatoriana.
La realización de este sueño, de construcción de una sociedad más justa y equitativa, de un modelo de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana requiere también la construcción de una democracia que permita escucharnos entre quienes lo compartimos; una democracia mediante la cual, el ejercicio del poder no sea la imposición y la fuerza, ni el diálogo y la toma de decisiones a puerta cerrada.
Con los mismos argumentos de desarrollo y progreso con que inició la era petrolera, hoy en día, el Gobierno sostiene su decisión de implementar la minería metálica a gran escala. Se pretende que esta actividad extractiva y sus impactos en el ambiente, en el agua, en las poblaciones campesinas e indígenas y en la población en general, sean "el bajo precio" que el país pague por un desarrollo que ya no se dio durante cuatro décadas de explotación petrolera.
Frente a la minería a gran escala, las poblaciones campesinas y ancestrales (indígenas y afroecuatorianas) han asumido la defensa del ambiente y sus derechos, cuestionando la extracción de recursos naturales como forma de desarrollo, poniendo en debate los paradigmas de riqueza y pobreza, el asistencialismo versus la autogestión, el trabajo minero dependiente versus las actividades tradicionales autónomas.
Preocupa que el Gobierno no sólo ignore los argumentos y demandas provenientes de los movimientos sociales sino que criminalice, estigmatice, denigre y reprima a las comunidades y a sus dirigentes.
Ante la violencia y represión vividas en las últimas semanas en la zona sur del país, a partir de las manifestaciones populares que rechazan la propuesta de Ley Minera oficial, las organizaciones firmantes tenemos la obligación de expresar al país, lo siguiente:
1. Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Nacional el cumplimiento de los principios fundamentales que animaron de la nueva Constitución Política del Ecuador y los derechos fundamentales que en ella se consagran. Es obligación del Estado garantizar el carácter integral, indivisible, inalienable, interdependiente y de igual jerarquía de los derechos humanos. Resulta inconcebible que estos se vulneren con el justificativo de la búsqueda de recursos económicos para la inversión social.
2. Exigimos a la Asamblea Nacional abrir el diálogo y la consulta a las comunidades afectadas para elaborar un marco legal, que orientado por la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, regule la minería que se está desarrollando en el país: áridos y metálica artesanal y de pequeña escala. Igualmente, instamos a que el Gobierno propicie un real y profundo debate sobre la minería a gran escala.
3. Finalmente, las organizaciones de Derechos Humanos firmantes ratificamos nuestro compromiso con las aspiraciones de cambio del pueblo ecuatoriano y nos mantenemos alertas ante la posible violación de derechos humanos de las personas que hagan ejercicio de su derecho a la protesta y resistencia.
Firmamos,
Vicente Calderón - ACJ del Ecuador
Elsie Monge - CEDHU
Anaité Vargas - APDH DEL ECUADOR - PIDHDD – CAPITULO Ecuador
Luis Àngel Saavedra - INREDH
Àngel Bonilla - CDES
Gualdemar Jiménez - SERPAJ
DECLARACIÓN DE COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES URBANOS SOBRE LAS JORNADAS DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
Si bien esta ley de minería no es orgánica, contempla su superioridad sobre el resto de leyes. Es decir que tanto las leyes de agua y soberanía alimentaria se encontrarían subordinadas a la extracción minera. Es por eso que las principales críticas y acciones de resistencia provienen de las comunidades que viven en las zonas afectadas por las actividades mineras; por las organizaciones populares; y por las organizaciones y colectivos que rechazamos el modelo de desarrollo que se pretende imponer en el país, quienes demandamos el cumplimiento de los principios consagrados en la nueva Constitución aprobada por más del 60% de l@s ecuatorian@s. Los principios contra los cuales atenta la nueva ley de minería son el del derecho al buen vivir o Sumak Kausay, la construcción del Estado Plurinacional, el derecho al agua, el derecho a la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza.
Con la nueva ley, se ratifican las políticas extractivistas y no sustentables del uso de los recursos no renovables. Además de ampliar las facilidades para que las empresas mineras transnacionales extraigan ferozmente los recursos mineros del país, esta ley forma parte de una política que aumenta la desigualdad social aniquilando varias economías locales. Esta misma política se ha expresado en el agro al privilegiar a los grupos empresariales exportadores en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas, y en el terreno laboral donde se ha ignorado las justas demandas de los trabajadores quienes luchan por sus derechos y reivindicaciones logradas tras décadas de lucha y que ahora son conculcadas por la revolución ciudadana"
La nueva ley ratifica el modelo de desigualdad del campo frente a la ciudad, pues, sin el subsidio de los campesinos a las ciudades, este sistema colapsaría. Uno de los principales problemas que afrontó el Ecuador el año pasado fue la subida del costo de los alimentos, para contrarrestar esta situación, necesitamos fomentar las pequeñas y medianas producciones y fortalecer la soberanía alimentaria. Nosotros, nosotras creemos que es fundamental la regulación de la minería para superar la "larga noche neoliberal". Pero la superación implica no hacer de la minería a gran escala el camino a seguir. Sr. Presidente, sin agua no hay vida, no condicione la vida de los ecuatorianos.
Con estos antecedentes tememos que la crisis económica dentro del Ecuador sea pagada a costa del sacrificio de la naturaleza, los campesinos, los indígenas, las personas de clase media y baja de las ciudades y, que por otra parte sea beneficiosa para empresas transnacionales como las mineras o las petroleras que podrán adquirir con facilidad concesiones sobre los territorios indígenas y campesinos.
Además de las consideraciones anteriores, creemos que la nueva ley de minería es una muestra más de racismo y discriminación propia de un gobierno que construye megaproyectos sobre las regiones pobres, indígenas o negras, pues si se encontrase una mina o un pozo petrolero en lugares como el centro histórico de Quito o el barrio de Samborondón en Guayaquil, el gobierno no las explotaría por las terribles consecuencias de este tipo de actividades.
Las protestas de los sectores populares que demandan la transformación del modelo extractivista, fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, mediante el uso de las fuerzas policiales bajo la orden del Ministerio de Gobierno. El gobierno persiste en criminalizar las protestas de campesinos, campesinas, indígenas, ambientalistas, mujeres empobrecidas, jóvenes y niños. Para nosotros, nosotras, la política se construye en base a debates, diálogos y consensos que con honestidad apunten a cambiar este modelo desigual y discriminatorio, capitalista y neoliberal.
Es por eso que rechazamos toda acción e intento de descalificación y criminalización de los sectores que nos oponemos a la nueva Ley de Minería y al modelo entreguista que se pretende imponer. Nunca más un Molleturo, un Dayuma. Los colectivos firmantes exigimos al presidente Correa que consulte y consensúe las leyes con todos los grupos sociales, sobretodo con las comunidades afectadas a quienes sistemáticamente se les ha desconocido sus derechos colectivos, y no solo con empresas mineras y el Ministerio de Energía y Minas. Así mismo exigimos que abandone las políticas comerciales entreguistas de los recursos naturales de todos los ecuatorianos.
Las múltiples identidades y articulaciones colectivas, urbanas, rurales, culturales, indígenas, sindicalistas, campesinas, mujeres, rockeros, precarizadas, informales, ambientalistas, callejeros, estudiantes, migrantes, no pueden reducirse a la pretensión del gobierno de convertir a los ecuatorianos en ciudadanos que participan políticamente solo mediante su voto. Para nosotras, nosotros, la participación y la política celebran la resistencia, la colectividad y la organización, las diversas formas de protesta, sobretodo de quienes durante décadas hemos luchado por transformaciones profundas y contra el modelo neoliberal. Rechazamos la deslegitimación que se hace de los sectores políticamente comprometidos y demandamos la reactivación de la memoria desde abajo, social y colectiva.
POR EL SUMAK KAUSAY
POR EL ESTADO PLURINACIONAL
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA
POR UNA ALIANZA SOLIDARIA CAMPO – CIUDAD
POR LA IGUALDAD SOCIAL
Los colectivos y organizaciones abajo firmantes, apoyamos y nos solidarizamos con las jornadas de movilización de la CONAIE y el movimiento indígena y campesino ecuatoriano. Nos sumamos y les convocamos al plantón del 20 de enero frente al Congreso desde las 9 de la mañana.
Por la profundización de los cambios:
movilización permanente!!!!
Alianza Campo Ciudad
Amazonía por la vida
Acción Ecológica
Casa Feminista de Rosa
CPJ
Colectivo Feminista
Colectivo Surgente
Diabluma
La casa del árbol
Refundación Socialista
El contenido de la información que le enviamos es de resposabilidad de INREDH y, conforme a nuestro principio de buscar el acceso libre y democrático al conocimiento, autorizamos su difusión y reproducción, sin fines comerciales y citando la fuente.
INREDH
República 192 y Almagro
Edificio Casa Blanca
Quito, Ecuador
Teléfono: 593 2 2526365
E-mail: info@inredh.org
web: www.inredh.org 
No hay comentarios:
Publicar un comentario