Las informaciones sobre la penetración de las tramas criminales en las instituciones españolas, a pesar de la evidente censura, es algo cotidiano: cargos municipales, cargos autonómicos, cargos estatales... aparecen un día si y otro también vinculados a operaciones de corrupción política asociadas a la economía especulativa. Pero de vez en cuando aparecen datos que por la transcendencia de los cargos de las personas a las que afecta, dan definitivamente el perfil de éste Estado.
Nos estamos refiriendo especialmente a dos casos que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días, uno de forma profusa, el de Diáz Ferrán presidente de la CEOE y el otro publicado de forma mucho más discreta, tal como corresponde a la línea de protección informativa de la que goza el personaje, que afecta a Felipe de Borbón, es decir al príncipe heredero.
Diáz Ferrán está siendo investigado por la justicia argentina por manejar cheques sin fondos y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española por un posible delito de estafa entre otros, y ahí sigue.
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