"¿Cuánto hay que poner para cobrar?", preguntó el jubilado al juez. Era diciembre de 2009.
Lo que ocurrió desde entonces provocó un creciente terremoto con amplias ramificaciones por todos los juzgados y la Cámara Federal del fuero previsional. Y puso el foco de las sospechas sobre un fraude que treparía a decenas de millones de pesos en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se entera de lo ocurrido al recibir un durísimo informe reservado de su Cuerpo de Auditores. En 11 carillas, cuyas copias obtuvo LA NACION, expusieron "maniobras" e "irregularidades" de todo tipo para inflar las deudas de la Anses en numerosos reclamos de actualización de haberes o para cobrarlos más rápido, "con embargos superiores a 1.000.000 de pesos", cada uno.
Lorenzetti ordenó el desplazamiento inmediato de los dos secretarios del juzgado N° 3 del fuero federal de la Seguridad Social, que ya había quedado vacante porque el magistrado Alberto Ize renunció a la subrogancia poco después del incidente con el jubilado que le preguntó cuánto tenía que pagar para cobrar. Volvió entonces a su juzgado original, el número 9.
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