Mi ciudad se siente como la escena de un crimen y todos los criminales desaparecen en la noche, huyen de la escena. No me refiero a los chavos de negro que rompieron vidrios y quemaron coches de policía este sábado.
Me refiero a los jefes de Estado que, el domingo por la noche, rompieron los programas de bienestar social y quemaron buenos empleos en medio de una recesión. Enfrentados con los efectos de una crisis creada por el estrato más rico y privilegiado del mundo, decidieron enjaretar la cuenta a los más pobres y vulnerables en sus países.
De qué otra manera podemos interpretar el último comunicado del G-20, que ni siquiera incluye un miserable impuesto a los bancos o a las transacciones financieras, y, en cambio, sí instruye a los gobiernos a reducir a la mitad sus déficit de aquí a 2013. Éste es un enorme y escandaloso recorte, y debemos tener claro quién pagará el precio: los estudiantes cuyas educaciones públicas se deterioran aún más mientras las cuotas se incrementan; los jubilados que perderán las prestaciones que obtuvieron con su trabajo; los trabajadores del sector público cuyos empleos se eliminarán. Y la lista sigue. Este tipo de recortes ya comenzaron en muchos países del G-20, incluyendo a Canadá, y están a punto de empeorar. Por ejemplo, reducir a la mitad el déficit de 2010 en Estados Unidos, en ausencia de un considerable incremento de los impuestos, implicaría un tremendo recorte de 780.000 millones de dólares.
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