La sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto es un insulto a la dignidad nacional catalana y deja en la más completa evidencia que la libertad de Catalunya es incompatible con el régimen monárquico español surgido de la Transición.
El Estatuto que el Tribunal Constitucional se ha cargado en sus partes esenciales era, en realidad, un fraude. Elaborado de espaldas al pueblo y basado en un pacto entre Artur Mas y Zapatero, era un Estatuto que no sólo no recogía ninguna reivindicación obrera y popular sino que renunciaba de entrada a la soberanía nacional catalana, al someterse a lo que decidiera el Parlamento español. Cuando el Estatuto pasó por el Congreso de Diputados, lo recortaron a tal punto que Alfonso Guerra declaró que “le han pasado el cepillo y no lo reconocerá ni la madre que lo parió”. Después nos lo vendieron como un gran progreso y lo pusieron a referéndum, donde fue aprobado con una abstención del 50%.
Pero ni un Estatuto así es aceptado por el régimen monárquico español. Es por eso que el Tribunal Constitucional ha querido explicitar que la mención que hace a la nación catalana no tiene fuerza jurídica y que sólo se puede interpretar dentro de la “unidad indisoluble de la nación española”. La lengua catalana no será “preferente” sino de “uso normal” en la Administración y los medios de comunicación. El Estado podrá igualmente decidir sobre la financiación sin las limitaciones que marcaba el Estatuto. La tímida descentralización de la organización de la Justicia queda anulada y totalmente en manos del poder judicial español. El leve blindaje de competencias desaparece, teniendo el Estado capacidad de intervenir a su antojo.
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