Un nuevo conflicto entre los indígenas del Parque Isidoro Secure, en la región central de Bolivia, con el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, se ha desencadenado a raíz del proyecto de construcción de una carretera que vinculará la zona cocalera del Chapare con la región de las llanuras de Moxos, región en la que, según estudios de prospección satelital, existen importantes reservas petroleras y grandes extensiones de recursos forestales, hídricos y de biodiversidad.
La carretera está financiada por el gobierno brasileño y, en la inauguración del proyecto, hace dos años, estuvieron presentes el ex Presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva y el primer mandatario boliviano, oportunidad en la que se estableció la prioridad de esta carretera para asegurar la vinculación e integración de importantes regiones aisladas de las actividades económicas y políticas del país.
La polarización ha sido evidente. Por una parte, las organizaciones indígenas de las tierras bajas, alrededor del tres por ciento de la población boliviana, apoyadas por una variedad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con financiamiento europeo y estadounidense, y sectores medios de las ciudades han manifestado su total oposición a la construcción de la carretera porque afecta el territorio indígena y su habitat y, por otra parte, las autoridades del gobierno y dirigentes de organizaciones sociales afines, como los cocaleros, campesinos y comunidades interculturales se han pronunciado a favor del gobierno, considerando que es necesario el desarrollo de las regiones más pobres del país.
La carretera está financiada por el gobierno brasileño y, en la inauguración del proyecto, hace dos años, estuvieron presentes el ex Presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva y el primer mandatario boliviano, oportunidad en la que se estableció la prioridad de esta carretera para asegurar la vinculación e integración de importantes regiones aisladas de las actividades económicas y políticas del país.
La polarización ha sido evidente. Por una parte, las organizaciones indígenas de las tierras bajas, alrededor del tres por ciento de la población boliviana, apoyadas por una variedad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con financiamiento europeo y estadounidense, y sectores medios de las ciudades han manifestado su total oposición a la construcción de la carretera porque afecta el territorio indígena y su habitat y, por otra parte, las autoridades del gobierno y dirigentes de organizaciones sociales afines, como los cocaleros, campesinos y comunidades interculturales se han pronunciado a favor del gobierno, considerando que es necesario el desarrollo de las regiones más pobres del país.
E.P.Rada-La Haine-Leer
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