Argenpress 10/11
Sr. Lozano.- Señora presidenta: comienzo haciendo una aclaración porque hay un matutino, el diario “La Nación”, que ha publicado en el día de hoy un artículo –sin develar la fuente, como corresponde que dice que el voto positivo en general que desde la fuerza que represento voy a plantear, es resultado de un canje para ocupar algún cargo en el Consejo Consultivo, en mi caso particular, o en el caso de la CTA.
Quiero dejar en claro que desde la primera discusión en el plenario de comisiones he puesto de manifiesto el acuerdo que tenemos con el punto general que plantea este proyecto. Hace catorce años (desde que se puso en marcha el régimen privado de fondos de pensión) que planteo exactamente lo mismo.
En el último presupuesto por minoría, junto con los amigos del bloque del Sí, planteamos también esta definición: “terminar con las AFJP”. No hacemos oposicionismo, tenemos convicciones y pensamientos. En realidad, como creemos que un valor imprescindible para poder construir una experiencia política diferente es tener autonomía a la hora de decidir, es que no somos parte en general de sistemas de canje por cargo alguno que en muchas ocasiones caracteriza a la política tradicional.
Hecha esta aclaración quiero decir que hablo en nombre de Buenos Aires para todos en Proyecto Sur, pero también lo hago como militante e integrante de una central de trabajadores que nació a la vida política de este país cuestionando el intento de privatizar el régimen previsional.
Y lo hago también retomando algo que ocurrió hace pocos días en la provincia de Jujuy, donde nos dimos cita cerca de 9 mil compañeras y compañeros de todo el país, referentes de distintas expresiones populares, y que frente a esta decisión, comenzamos el encuentro rindiendo homenaje a quienes hicieron posible que hoy estemos dando este debate.
Las decisiones institucionales no son sólo patrimonio de los gobiernos que las adoptan sino del proceso político que va generando las condiciones para hacerlas. En este sentido, tengo la más plena convicción de que esta decisión corona en el plano institucional la lucha de largo tiempo de los jubilados, muchos que hoy ya no están y otros sí. Por eso quiero mencionar a Forte, a Amancio Pafundi, a Miguel Zárate, a Imizcoz, y a otros que hoy están en la puerta de esta Cámara, como Juan Pedro, Elías Moure o Lidia Mesa. Ellos son los que han venido bregando en forma permanente, señalando que éste era el rumbo de lo que había que comenzar a hacer para discutir una posibilidad distinta en el régimen previsional argentino.
Participo de este debate tratando de tomar distancia de posiciones que pueden ser legítimas pero que entiendo pierden cierto valor a la luz de definiciones que, como éstas, sientan cambios de carácter estructural. Me refiero a decisiones que van más allá del gobierno que las está tomando pues son mojones que quedan para los que siguen. En ese marco me parece que no es bueno transformar debates de esta naturaleza en una suerte de campeonato o contienda respecto al grado de adhesión al gobierno o al crédito público que éste pueda alcanzar. Con este tipo de temas y en el marco de la crisis mundial, la Argentina requiere menos de posiciones de confrontación fundadas en disputas electorales y exige más, debates concretos sobre los temas que hoy es imprescindible discutir y resolver.
Desde ese lugar, y yendo a la cuestión de fondo, creemos que lo que hoy discutimos merece el apoyo por dos razones.
Primero, porque no existe ninguna estrategia capaz de pararse frente a la crisis mundial existente que no requiera de la consolidación de las cuentas públicas, y que para ello, no exija una definición como la que se está adoptando hoy.
Segundo, tampoco existe posibilidad alguna de resolver la problemática previsional argentina sin tomar esta definición. Podrá discutirse si ésta fue la mejor manera, pero no que no hay solución previsional sin tomar esta decisión. Lo que hoy estamos definiendo es terminar con el negocio, el “curro”, y la estafa institucionalizada que supuso el régimen privado de fondos de pensión en nuestro país.
Desde el punto de vista previsional el régimen de capitalización no tiene sentido alguno en la Argentina pues para funcionar requiere de tres condiciones: ingresos promedio elevados, asalarización formal extendida y estabilidad económico financiera. Nuestro país tiene problemas con las tres: un ingreso promedio bajo de 1.300 a 1.400 pesos mensuales por ocupado, un 60 por ciento de la fuerza laboral fuera del circuito formal, y obviamente respecta a la estabilidad económico financiera está claro que la historia no nos avala demasiado. De hecho la fragilidad productiva que aún tenemos y nuestra posición en el mercado mundial, nos expone a crisis recurrentes.
Por lo tanto, por todos estos elementos el régimen de capitalización nunca debió haber existido. Es un absurdo proponerle a un trabajador argentino promedio que acumule durante treinta años para obtener una renta que le permita financiar una vejez mínimamente razonable. Por eso es mentira que el Estado debe proponer una opción. El Estado es el primero que no debe hacerlo, porque tiene la información suficiente para saber que esa opción es falsa.
En el mejor de los casos, la capitalización puede resolver el problema de algunos. Puede ser la jubilación de pocos, de aquellos que hayan tenido estabilidad laboral durante toda su vida, con empleo formal e ingresos altos. Pero mantener el sistema para resolver esa realidad implica desfinanciar el sistema público previsional, el contrato intergeneracional y las condiciones para hacer posible un régimen previsional razonable.
Es más, en el caso argentino esto se agrava por la voracidad que ha tenido un capital financiero que ha cobrado comisiones por adelantado apropiando en catorce años, 12 mil millones de dólares. Y cuando uno hace el cálculo real de las ganancias que declaran, no sobre el aporte neto que depositaron los trabajadores sino sobre el aporte completo que entregaron, no solo que la rentabilidad sobre los aportes no es positiva sino que es negativa, y si la proyectamos al final de la vida activa implicaría cobrar un haber jubilatorio que no superaría el 18 por ciento del salario.
En este marco es indiscutible que este paso hay que darlo, que hay que romper la lógica perversa que implicó desfinanciar al Estado argentino. La ANSES perdió, a valor actualizado, 170 mil millones de pesos desde que rige el régimen privado de fondos de pensión. Hay que parar este mecanismo que esquilma a los trabajadores y que lo único que sostiene es la renta financiera.
Por estas razones apoyamos este proyecto en general. Somos conscientes de sus límites. Consciente, por ejemplo, de que es necesario que el dinero se destine a un Ente Público no estatal, reformulando el ANSES y democratizando su conducción, tal como lo plantearemos durante el debate en particular.
Somos conscientes de que es preciso darles más certeza a los trabajadores de las AFJP; somos conscientes de que sería deseable que el texto dijera expresamente que los recursos previsionales serán usados para pagar la movilidad que falta pagar y para recomponer los haberes como corresponde. Somos conscientes de que no está aquí la restitución de las contribuciones patronales, que es la otra pata del desfinanciamiento del sistema previsional. También somos conscientes de que en el texto no figura un plazo para debatir el modelo previsional futuro de la Argentina.
Pero así como somos conscientes de todo esto, también sabemos que el 80 por ciento del padrón de las administradoras está compuesto por gente que no decidió. Somos conscientes de que ningún afiliado de las administradoras tiene propiedad (ninguno puede disponer) sobre ese fondo y de que los afiliados no controlan las decisiones que ellas toman.
Somos conscientes de que las críticas que dicen que ahora se va a financiar al Estado, pasan por alto que esto ya se viene dando en la práctica, porque las administradoras financian al Estado comprando títulos públicos que representan el 60 por ciento de sus inversiones. Es más, lo hacen a tasas altísimas que en realidad terminamos pagando todos nosotros.
Por estas razones, y a pesar de que tenemos diferencias y de que sabemos que el proyecto tiene limitaciones, hoy queremos dar el paso principal de terminar con el negocio de las AFJP. Queremos darlo respetando la decisión de aquellas organizaciones que han venido batallando históricamente por resolver los problemas previsionales, que incluso en muchos casos no tienen acuerdos con el gobierno, que son las que han cuestionado la ley de movilidad y que repudian que el 80 por ciento de los haberes estén en el nivel mínimo, y que si bien vienen sosteniendo todas las peleas que están dando los jubilados, también ellos reconocen que este es un paso para discutir de otra manera.
Por lo tanto, si bien sabemos que sería mejor que las garantías estuvieran contempladas en el proyecto, somos concientes de que la verdadera garantía de una propuesta política no es lo que dice el papel. Es el proceso de crecimiento de la conciencia popular, lo que hace posible que hoy discutamos esto y lo que garantiza, en tanto se profundice, que sigamos avanzando.
Esta iniciativa abre una multiplicidad de oportunidades, porque para todos los que hablan en nombre de las provincias, hoy será mucho más fácil discutir la coparticipación y la relación fiscal con la Nación. Es falso que habrá debate sobre la relación entre la Nación y las provincias sin esta norma; con ella, en cambio, puede haberlo.
En segundo lugar, con esta norma sería absolutamente más fácil discutir un sistema previsional que se haga cargo de sus obligaciones. Igual ello podría no ocurrir, pero con esta iniciativa es mucho más fácil discutirlo.
Con este proyecto es absolutamente factible terminar con la deuda que el Estado tiene ($50.000 millones) con los fondos de jubilaciones y pensiones, colocando al Estado como responsable del déficit del sistema previsional y ahorrando un montón de “guita”, que no tiene sentido pagar. Es absolutamente posible hacerlo; no sé si lo harán, pero se puede hacer.
Resultará absolutamente factible poner en marcha un plan integral que contemple una asignación universal para recuperar a nuestros pibes, evitando visiones fascistoides que buscan criminalizarlos con la baja de la edad de imputabilidad.
Con esta decisión también, se logran fondos suficientes para recuperar el control sobre sectores estratégicos, como el del petróleo. Se abren un montón de oportunidades para que nos podamos parar mejor frente a la crisis. Veremos si el gobierno lo hace o no. Lo que no está en duda es que estas definiciones se inscriben en un proceso político que continúa y que sabrá hacer lo que tenga que hacer para que esto sirva a quien le tiene que servir.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: comienzo haciendo una aclaración porque hay un matutino, el diario “La Nación”, que ha publicado en el día de hoy un artículo –sin develar la fuente, como corresponde que dice que el voto positivo en general que desde la fuerza que represento voy a plantear, es resultado de un canje para ocupar algún cargo en el Consejo Consultivo, en mi caso particular, o en el caso de la CTA.
Quiero dejar en claro que desde la primera discusión en el plenario de comisiones he puesto de manifiesto el acuerdo que tenemos con el punto general que plantea este proyecto. Hace catorce años (desde que se puso en marcha el régimen privado de fondos de pensión) que planteo exactamente lo mismo.
En el último presupuesto por minoría, junto con los amigos del bloque del Sí, planteamos también esta definición: “terminar con las AFJP”. No hacemos oposicionismo, tenemos convicciones y pensamientos. En realidad, como creemos que un valor imprescindible para poder construir una experiencia política diferente es tener autonomía a la hora de decidir, es que no somos parte en general de sistemas de canje por cargo alguno que en muchas ocasiones caracteriza a la política tradicional.
Hecha esta aclaración quiero decir que hablo en nombre de Buenos Aires para todos en Proyecto Sur, pero también lo hago como militante e integrante de una central de trabajadores que nació a la vida política de este país cuestionando el intento de privatizar el régimen previsional.
Y lo hago también retomando algo que ocurrió hace pocos días en la provincia de Jujuy, donde nos dimos cita cerca de 9 mil compañeras y compañeros de todo el país, referentes de distintas expresiones populares, y que frente a esta decisión, comenzamos el encuentro rindiendo homenaje a quienes hicieron posible que hoy estemos dando este debate.
Las decisiones institucionales no son sólo patrimonio de los gobiernos que las adoptan sino del proceso político que va generando las condiciones para hacerlas. En este sentido, tengo la más plena convicción de que esta decisión corona en el plano institucional la lucha de largo tiempo de los jubilados, muchos que hoy ya no están y otros sí. Por eso quiero mencionar a Forte, a Amancio Pafundi, a Miguel Zárate, a Imizcoz, y a otros que hoy están en la puerta de esta Cámara, como Juan Pedro, Elías Moure o Lidia Mesa. Ellos son los que han venido bregando en forma permanente, señalando que éste era el rumbo de lo que había que comenzar a hacer para discutir una posibilidad distinta en el régimen previsional argentino.
Participo de este debate tratando de tomar distancia de posiciones que pueden ser legítimas pero que entiendo pierden cierto valor a la luz de definiciones que, como éstas, sientan cambios de carácter estructural. Me refiero a decisiones que van más allá del gobierno que las está tomando pues son mojones que quedan para los que siguen. En ese marco me parece que no es bueno transformar debates de esta naturaleza en una suerte de campeonato o contienda respecto al grado de adhesión al gobierno o al crédito público que éste pueda alcanzar. Con este tipo de temas y en el marco de la crisis mundial, la Argentina requiere menos de posiciones de confrontación fundadas en disputas electorales y exige más, debates concretos sobre los temas que hoy es imprescindible discutir y resolver.
Desde ese lugar, y yendo a la cuestión de fondo, creemos que lo que hoy discutimos merece el apoyo por dos razones.
Primero, porque no existe ninguna estrategia capaz de pararse frente a la crisis mundial existente que no requiera de la consolidación de las cuentas públicas, y que para ello, no exija una definición como la que se está adoptando hoy.
Segundo, tampoco existe posibilidad alguna de resolver la problemática previsional argentina sin tomar esta definición. Podrá discutirse si ésta fue la mejor manera, pero no que no hay solución previsional sin tomar esta decisión. Lo que hoy estamos definiendo es terminar con el negocio, el “curro”, y la estafa institucionalizada que supuso el régimen privado de fondos de pensión en nuestro país.
Desde el punto de vista previsional el régimen de capitalización no tiene sentido alguno en la Argentina pues para funcionar requiere de tres condiciones: ingresos promedio elevados, asalarización formal extendida y estabilidad económico financiera. Nuestro país tiene problemas con las tres: un ingreso promedio bajo de 1.300 a 1.400 pesos mensuales por ocupado, un 60 por ciento de la fuerza laboral fuera del circuito formal, y obviamente respecta a la estabilidad económico financiera está claro que la historia no nos avala demasiado. De hecho la fragilidad productiva que aún tenemos y nuestra posición en el mercado mundial, nos expone a crisis recurrentes.
Por lo tanto, por todos estos elementos el régimen de capitalización nunca debió haber existido. Es un absurdo proponerle a un trabajador argentino promedio que acumule durante treinta años para obtener una renta que le permita financiar una vejez mínimamente razonable. Por eso es mentira que el Estado debe proponer una opción. El Estado es el primero que no debe hacerlo, porque tiene la información suficiente para saber que esa opción es falsa.
En el mejor de los casos, la capitalización puede resolver el problema de algunos. Puede ser la jubilación de pocos, de aquellos que hayan tenido estabilidad laboral durante toda su vida, con empleo formal e ingresos altos. Pero mantener el sistema para resolver esa realidad implica desfinanciar el sistema público previsional, el contrato intergeneracional y las condiciones para hacer posible un régimen previsional razonable.
Es más, en el caso argentino esto se agrava por la voracidad que ha tenido un capital financiero que ha cobrado comisiones por adelantado apropiando en catorce años, 12 mil millones de dólares. Y cuando uno hace el cálculo real de las ganancias que declaran, no sobre el aporte neto que depositaron los trabajadores sino sobre el aporte completo que entregaron, no solo que la rentabilidad sobre los aportes no es positiva sino que es negativa, y si la proyectamos al final de la vida activa implicaría cobrar un haber jubilatorio que no superaría el 18 por ciento del salario.
En este marco es indiscutible que este paso hay que darlo, que hay que romper la lógica perversa que implicó desfinanciar al Estado argentino. La ANSES perdió, a valor actualizado, 170 mil millones de pesos desde que rige el régimen privado de fondos de pensión. Hay que parar este mecanismo que esquilma a los trabajadores y que lo único que sostiene es la renta financiera.
Por estas razones apoyamos este proyecto en general. Somos conscientes de sus límites. Consciente, por ejemplo, de que es necesario que el dinero se destine a un Ente Público no estatal, reformulando el ANSES y democratizando su conducción, tal como lo plantearemos durante el debate en particular.
Somos conscientes de que es preciso darles más certeza a los trabajadores de las AFJP; somos conscientes de que sería deseable que el texto dijera expresamente que los recursos previsionales serán usados para pagar la movilidad que falta pagar y para recomponer los haberes como corresponde. Somos conscientes de que no está aquí la restitución de las contribuciones patronales, que es la otra pata del desfinanciamiento del sistema previsional. También somos conscientes de que en el texto no figura un plazo para debatir el modelo previsional futuro de la Argentina.
Pero así como somos conscientes de todo esto, también sabemos que el 80 por ciento del padrón de las administradoras está compuesto por gente que no decidió. Somos conscientes de que ningún afiliado de las administradoras tiene propiedad (ninguno puede disponer) sobre ese fondo y de que los afiliados no controlan las decisiones que ellas toman.
Somos conscientes de que las críticas que dicen que ahora se va a financiar al Estado, pasan por alto que esto ya se viene dando en la práctica, porque las administradoras financian al Estado comprando títulos públicos que representan el 60 por ciento de sus inversiones. Es más, lo hacen a tasas altísimas que en realidad terminamos pagando todos nosotros.
Por estas razones, y a pesar de que tenemos diferencias y de que sabemos que el proyecto tiene limitaciones, hoy queremos dar el paso principal de terminar con el negocio de las AFJP. Queremos darlo respetando la decisión de aquellas organizaciones que han venido batallando históricamente por resolver los problemas previsionales, que incluso en muchos casos no tienen acuerdos con el gobierno, que son las que han cuestionado la ley de movilidad y que repudian que el 80 por ciento de los haberes estén en el nivel mínimo, y que si bien vienen sosteniendo todas las peleas que están dando los jubilados, también ellos reconocen que este es un paso para discutir de otra manera.
Por lo tanto, si bien sabemos que sería mejor que las garantías estuvieran contempladas en el proyecto, somos concientes de que la verdadera garantía de una propuesta política no es lo que dice el papel. Es el proceso de crecimiento de la conciencia popular, lo que hace posible que hoy discutamos esto y lo que garantiza, en tanto se profundice, que sigamos avanzando.
Esta iniciativa abre una multiplicidad de oportunidades, porque para todos los que hablan en nombre de las provincias, hoy será mucho más fácil discutir la coparticipación y la relación fiscal con la Nación. Es falso que habrá debate sobre la relación entre la Nación y las provincias sin esta norma; con ella, en cambio, puede haberlo.
En segundo lugar, con esta norma sería absolutamente más fácil discutir un sistema previsional que se haga cargo de sus obligaciones. Igual ello podría no ocurrir, pero con esta iniciativa es mucho más fácil discutirlo.
Con este proyecto es absolutamente factible terminar con la deuda que el Estado tiene ($50.000 millones) con los fondos de jubilaciones y pensiones, colocando al Estado como responsable del déficit del sistema previsional y ahorrando un montón de “guita”, que no tiene sentido pagar. Es absolutamente posible hacerlo; no sé si lo harán, pero se puede hacer.
Resultará absolutamente factible poner en marcha un plan integral que contemple una asignación universal para recuperar a nuestros pibes, evitando visiones fascistoides que buscan criminalizarlos con la baja de la edad de imputabilidad.
Con esta decisión también, se logran fondos suficientes para recuperar el control sobre sectores estratégicos, como el del petróleo. Se abren un montón de oportunidades para que nos podamos parar mejor frente a la crisis. Veremos si el gobierno lo hace o no. Lo que no está en duda es que estas definiciones se inscriben en un proceso político que continúa y que sabrá hacer lo que tenga que hacer para que esto sirva a quien le tiene que servir.
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