Margarita Beveraggi
Diario ""Crítica" (Buenos Aires)
15.08.2008
La supuesta redistribución del ingreso es parte del discurso hipócrita del Gobierno. Una muestra de ello es que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pretenda cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas acrecentando el déficit habitacional. Una vez más, los más pobres terminan financiando los desmanejos del poder.
El desvío a Aerolíneas de presupuesto que estaba pensado para la construcción de viviendas sociales es una aberración imperdonable y una muestra de demagogia pura.
Hace pocos días, durante el debate por la resolución 125 que estableció las retenciones móviles, el Ejecutivo anunció que el 10% de esos ingresos estarían destinados a la construcción de casas y otro 10% a viviendas rurales. Ahora pretenden quitarnos ese derecho humano, el de la vivienda.
Pese a los anuncios espectaculares, el sostenimiento del déficit habitacional es una política de Estado: los objetivos de los Programas Federales de Construcción de Viviendas distan de haberse alcanzado. Para ejemplo, veamos lo que ocurre en la provincia del Chaco.
En el programa Solidaridad-Emergencia Hídrica, sobre 3.499 viviendas firmadas se han terminado 1.090 y se encuentran en ejecución 520. En el programa de Emergencia Social, de las 923 viviendas firmadas no se ha terminado ninguna y están en ejecución sólo 40.
En el caso del Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), la publicación oficial señala que hay un total de 99.896 viviendas firmadas en todo el país, de las cuales se terminaron 41.891 y se encuentran en ejecución 47.748 viviendas, por lo que falta iniciar este año 10.257 viviendas.
Todos aspiramos a que los programas federales de construcción de viviendas cuenten con los aportes de la Nación en forma regular; más aún teniendo en cuenta que al día de hoy –con mas de un año de obras contratadas– además de la transferencia de fondos es imprescindible se considere la actualización de precios de las viviendas rurales, para comunidades aborígenes y de emergencia hídrica y climática, para que su ejecución sea realmente viable.
Las consecuencias económicas y sociales pueden advertirse por su evidencia, en particular para los trabajadores de la construcción y para los empresarios medianos y pequeños que tienen comprometidos sus esfuerzos en obras públicas.
Por otra parte, debemos tener presente que se trata de viviendas de características sociales cuya entrega a familias necesitadas tiene siempre particular apremio.
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