JUAN DAMIÁN CAPDEVILLA
El Monumento a Enrique Carbó
Revista Análisis
Paraná, E.R, 31/7/2008
(Cita de Actividadonline)
Clarín Rural
2/8/2008
¿Somos unitarios o federales?
La masiva protesta agraria de los últimos meses salió a rechazar los aumentos a los impuestos a la exportación, pero también movilizó a muchas provincias que se veían perjudicadas porque estos fuertes tributos no volvían de manera automática a los pueblos del interior del país, asegura el autor de este artículo.Alieto Aldo Guadagni. INSTITUTO DI TELLA
Las grandes movilizaciones rurales y también urbanas que tuvieron lugar por varios meses a lo largo y ancho de nuestro territorio fueron provocadas por la desmedida alza en la presión tributaria sobre la producción agrícola local.
Pero, a poco de haberse iniciado esta protesta del sector agropecuario, emergió simultáneamente un reclamo generalizado a favor de una distribución regionalmente más equitativa de los tributos que aporta el interior del país.
Este reclamo es justificado, más aún teniendo en cuenta las grandes responsabilidades que tienen por estos días los gobiernos provinciales, que deben afrontar el triple desafío más exigente que plantea la sociedad argentina que reclama más seguridad, mejor educación y buenos servicios de salud.
La Constitución de nuestro país establece, precisamente en su artículo 1º, que la "Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal".
Esta disposición fundacional, adoptada en el año 1853, clausura décadas de cruentos enfrentamientos entre los unitarios y federales, que emergen cuando las entonces Provincias Unidas del Río de La Plata proclaman su independencia de la corona de España en el año 1816.
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales, particularmente las de la aduana de Buenos Aires, es una de las claves para entender estos enfrentamientos entre federales y unitarios previos a la Organización Nacional correspondientes a la segunda mitad del siglo XIX.
La coparticipación automática de los impuestos nacionales entre la Nación y las Provincias recién se estableció en el año 1935, después de que la Nación se abocara a la creación de nuevos impuestos directos, como el impuesto a los réditos.
Este régimen fue sometido a revisión en distintos momentos. En el año 1973 se aprueba la ley que unifica los sistemas vigentes y se establece para la distribución entre provincias un método explícito, basado en el principio de posibilitar la igualdad de trato -en cuanto a la provisión de servicios provinciales- de todos los habitantes del país.
Un poco de historia
Durante el trienio de la administración justicialista (1973/75) se produce el incremento de la coparticipación automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total de los impuestos nacionales.
En los años del Proceso militar, instalado en 1976, se reduce fuertemente esta participación provincial que, hacia 1982, se ubica en apenas el 32 por ciento.
Como la entonces vigente ley de coparticipación caducó en 1984, el país careció de una ley específica durante el trienio 1985/1987.
En enero de 1988 se sanciona una ley de carácter transitorio ya que su vigencia estuvo limitada a tres años.
Esta ley estableció que, del total de recursos nacionales, el 42,34 por ciento sería retenido por el gobierno nacional y el 57,66 por ciento iría a las provincias.
Este nivel de coparticipación constituye el máximo valor histórico.
La Constitución de 1994 estableció en su artículo 75 que corresponde al Congreso aprobar una ley que asegure a las provincias "la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados".
Al respecto, la Constitución es clara, ya que establece que la distribución entre la Nación y las provincias "contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
Este mandato constitucional está incumplido y así se puede explicar hoy la enorme concentración de los recursos en manos del Tesoro Nacional en desmedro de las provincias.
Hoy se transfiere automáticamente a las provincias apenas el 25 por ciento de la recaudación nacional, o sea el valor más bajo de los últimos setenta años.
En el 2001, último año de la convertibilidad, se coparticipaba el 36 por ciento.
Cuestión de tributos
La masiva protesta agraria de los últimos meses salió a rechazar los aumentos a los impuestos a la exportación, pero también movilizó a muchas provincias que se veían perjudicadas porque estos fuertes tributos no volvían de manera automática a los pueblos del interior del país, ya que no integraban la masa de los recursos coparticipables.
La protesta de los ruralistas no fue sólo en defensa de la producción rural sino también del federalismo fiscal y por esa razón evoca los enfrentamientos del pasado, jugando hoy la administración Kirchner el papel del partido unitario del siglo XIX.
Si bien es cierto que la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cuál debe ser esta distribución.
No existen reglas, sino decisiones discrecionales que debilitan la autonomía política de los gobiernos provinciales.
Por esta razón, en la campaña electoral del año pasado, por la gobernación de la provincia de Buenos Aires sosteníamos que "la Provincia necesita un Gobernador y no un delegado del Poder Ejecutivo Nacional".
Es lamentable ver que el actual gobernador de Buenos Aires, que no dijo una sola palabra para señalar que las altas retenciones al agro disminuían automáticamente los ingresos coparticipados a favor de su provincia, ahora toma la decisión de pasar la cuenta a sus propios contribuyentes, incrementando el impuesto a los ingresos brutos.
Sin un régimen de coparticipación automática de fondos, el federalismo se convierte en una ficción, y esto es así por la clara dependencia actual de los distintos gobiernos provinciales respecto a la Casa Rosada.
Sin lugar a dudas, el país está necesitando una ley de coparticipación, que promueva la igualdad de oportunidades entre todos los argentinos, y también estimule su propio esfuerzo movilizando equitativamente su capacidad tributaria.
Esta ley convenio, entre la Nación y las Provincias, es el mandato constitucional que aún está incumplido y que hoy es el reclamo de las provincias que aspiran a un país regionalmente equilibrado, como bien lo han manifestado los gobernadores de Santa Fe y Córdoba.
http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/08/02/r-01728232.htm
Siglo XXI, Cambalache: Guadagni fue funcionario menemista
(actividadonline)
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