La discusión acerca de la coparticipación total del impuesto al cheque devolvió al centro de la escena las viejas rispideces entre la Nación y las provincias. El reparto de la totalidad del tributo le significaría una baja de entre 10.000 y 11.000 millones de pesos a la Rosada, que pasarían a aliviar los rojos fiscales de las provincias. Según cálculos privados, esta modificación tributaria cubriría el 45% del déficit de Buenos Aires. La Nación tiene el poder, a través del manejo de fondos discrecionales, de recuperar por un lado lo que pierde por el otro. Pero dejaría de tener a los gobernadores comiendo de su mano.
Los aires de la restablecida democracia ayudaron a que el país saldara una cuenta pendiente y en 1988 se sancionó la ley 23.548, que estableció el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias. Como su nombre lo indica, la normativa no tenía un carácter definitivo, sino que estaba previsto que no durara más de dos años. Pero veintidós años después, y con varias modificaciones, sigue siendo la base de la distribución federal de la recaudación tributaria.
Aquella ley sufrió una de sus modificaciones más importantes en 2002 y respondió a los cambios estructurales de la economía que quedó después de la crisis. Fue allí donde se introdujo la coparticipación del 30% del impuesto a los créditos y débitos bancarios, normalmente llamado impuesto al cheque.
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