En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner abrió las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Desde ese momento Néstor y Cristina se ubicaron como los máximos defensores de los derechos humanos, reivindicándose luchadores de los '70 y apropiándose de esa lucha. En vísperas del 34º aniversario del 24 de marzo, y a casi siete años de la apertura de las causas, entrevistamos a Adriana Calvo.
JP: Contanos cuál es la participación de la Asociación en el desarrollo de las diferentes causas
AC: Nosotros somos querellantes en las causas en Buenos Aires, La Plata y San Martín, lo que se conoce como zona cuatro, dependiente de Campo de Mayo. En la Plata es lo que se conoce como circuito Camps, que son todos los campos de concentración que dependían de la policía; en Buenos Aires, las dos grandes causas, por un lado Primer Cuerpo del Ejército que abarca todos los casos de Capital Federal menos la ESMA, y la causa ESMA por otro lado. Esta causa se fue subdividiendo, lo mismo pasó con la causa Primer Cuerpo, que tiene un sólo número en el juzgado de instrucción, pero se fue separando según el campo de concentración que se investiga.
JP: ¿A qué se debe la separación de las causas?
AC: Depende. Esta división que te digo es casi natural y en Capital dejar una causa aparte para la ESMA es razonable. Pero, después, de acuerdo a cada zona se fue deformando y comenzó a notarse un proceso de lo que nosotros llamamos "desguace de las causas", que es muy perjudicial para el objetivo que perseguimos todos, que es que la mayor cantidad de genocidas vayan a parar a la cárcel. El desguace tiene distintos aspectos, pero el más importante es que se separa la investigación: una vez procesado un número de represores dados, tres, cinco, quince, o por un número de víctimas dado, que en general es mucho menor de lo que corresponde ese pedazo de la causa, se eleva a juicio oral. Esto podría parecer razonable si uno está pensando en causas enormes en donde terminar la investigación a fondo de todo lo que ocurrió en un campo de concentración puede llevar años. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Nosotros pensamos que tiene que ver con una política, a la que el gobierno no es ajeno. Porque el gobierno tiene, por lo menos, dos formas de oponerse a esa política judicial. Una es a través de los fiscales que, en definitiva, dependen del procurador y el procurador, aunque el gobierno dice que no, depende del gobierno. La otra es a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se ha presentado como querellante en todas estas causas que yo mencioné. Este último es un actor directo, dependiente de presidencia para oponerse a este tipo de política. Sin embargo, nunca se opone.
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