Después de que un grupo de vecinos autoconvocados se organizara para denunciar la privatización ilegítima e inconstitucional de un espacio público, la zona de los Arenales, en la que el empresario Sergio Gregorio Lifschitz, quien encabeza la construcción de un barrio privado en el lugar, denominado Amarras del Sol, el Estado Municipal resolvió la demolición de un muro que el titular del proyecto había dispuesto. No obstante, autorizaron la permanencia de las columnas y vigas que fueron instaladas, para la posterior colocación de un alambrado divisorio. Un paso atrás, pero hasta ahí nomás. Queda la puerta abierta para que el proceso de construcción siga su curso “ilegal”. Y con esta continuidad, no solo corre riesgo un espacio público valiosísimo para la comunidad, sino también una obra pública vital para la región: allí debajo se encuentra el Túnel Subfluvial “Uranga-Silvestre Begnis”, y la remoción de terreno que se lleva a cabo en el lugar pone en serio peligro su integridad. Por eso está terminantemente prohibida. Violación de normas de todo tipo y gusto. Como casi siempre, si la historia continua como viene el final promete tragedia y catástrofe.
Detrás de esta apropiación fraudulenta del terreno hay una red de complicidad y corrupción entre Lifschitz y el poder político. En los distintos momentos y escenarios de esta historia se van sumando nombres a la lista: Jorge Busti -en sus períodos como gobernador-; “su” fiscal de Estado, la Dra. Mizawak, la encargada de disponer una serie de resoluciones judiciales absolutamente nulas, a favor del empresario y en perjuicio del Estado (actualmente es miembro del Superior Tribunal de Justicia, y además se desempeña como docente en Derecho Constitucional –después de haber violado todas las leyes posibles- en la Universidad Autónoma de Entre Ríos); hoy, la connivencia manifiesta de los estados municipal y provincial, Halle y Urribarri; la figura del actual fiscal de la provincia Julio Rodríguez Signes, quien batalla legalmente contra los vecinos que intentan defender y preservar este bien público.
Con la resolución municipal el proceso parece dar marcha atrás, pero no hay que dejar engañarse. El proyecto de construcción del barrio sigue firme, dejarán las columnas y vigas instaladas: Lifschitz sostiene la usurpación gracias a la complicidad del poder político. E incluso tiene un plan B, su objetivo se desdobla: si no consigue quedarse con el lugar, irá por una jugosa indemnización.
La demolición del muro puede convertirse en una buena señal, pero que en la situación actual no deja tiempo ni lugar para celebrar demasiado. Por el contrario, los vecinos redoblan la apuesta y el compromiso, para que se concrete la liberación definitiva de este espacio público, sin ningún derecho de indemnización, puesto que el empresario estaba en pleno conocimiento de la ilegalidad y nulidad de los actos. Resta por delante la decisión y el compromiso de todos para exigirle al Estado municipal y provincial la defensa y preservación de un espacio común, de todos, inalienable, que puede ser fundamental para la vida de nuestra comunidad. Hay un buen antecedente reciente al respecto: la Municipalidad de Rosario sancionó una normativa que impide la construcción de barrios privados y countries en toda la ciudad y el ejido urbano, con la consigna de que “el espacio público no sea privado para nadie”.
Mario Castaldo
*Estudiante de Filosofía de la UADER. Periodista.
Foro Artiguista Entrerriano
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