La asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) abogó hoy porque el Parlamento deje sin efecto La Ley de Caducidad, aprobada el 22 de diciembre de 1986 tras la caída de la dictadura.
En comunicado emitido este jueves, Crysol señaló que la norma violenta disposiciones constitucionales, invalida el principio de la separación de poderes y contradice compromisos asumidos por el Estado ante organismos internacionales.
La organización argumentó que la normativa avasalla el derecho de quienes sufrieron atroces violaciones a sus derechos humanos y, sobre todas las cosas, "amnistía delitos que por su propia naturaleza son gravísimos".
Crysol reiteró que el Estado y sus fuerzas armadas tienen una deuda histórica con la sociedad: asumir responsabilidad por las graves violaciones cometidas dentro y fuera de las fronteras nacionales al amparo del Plan Cóndor.
Argenpress-4/11-Leer
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