El médico Ricardo Rizzo, uno de los tres integrantes de la comisión fiscalizadora creada por la administración del ex gobernador Jorge Busti para monitorear el funcionamiento del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), no consiguió que el Estado le actualizara los salarios que cobra por esa función.
Su pretensión era que se equipararan sus ingresos con la remuneración de un fiscal del Tribunal de Cuentas, por todo concepto. Se trata de una cifra superior a los 12 mil pesos por mes.
Rizzo llegó a ese cargo en la fiscalizadora luego de haber sido designado por Busti como interventor del Iosper, en julio de 2005, sucediendo en esa misma función a Miguel Sampietro. Un año después, al dejar su puesto en manos del actual directorio de la obra social, no perdió el trabajo, sino que fue ubicado al frente de la comisión fiscalizadora –que comparte con el abogado Ernesto Denis, y la ex secretaria de Salud, Graciela Traverso–, aunque su alejamiento de la intervención se dio en medio de polémica.
Entonces, a mediados de 2006, los nuevos directores pusieron en dudas las gestiones de Sampietro y de Rizzo, que incluso habían sido observados por el Tribunal de Cuentas. Claro que la llegada del nuevo directorio se dio en medio de la sanción en la Legislatura de una norma que modificó la ley de creación de la obra social, con la inclusión de la figura del cogobierno, a través de una comisión fiscalizadora y un gerente general, designados por el Ejecutivo.
Encorsetada la gestión por la fiscalizadora, fue poco lo que se pudo avanzar en la investigación de las gestiones anteriores, según admitió el titular del Iosper, Silvio Moreyra.
El Diario-15/5-Leer
Su pretensión era que se equipararan sus ingresos con la remuneración de un fiscal del Tribunal de Cuentas, por todo concepto. Se trata de una cifra superior a los 12 mil pesos por mes.
Rizzo llegó a ese cargo en la fiscalizadora luego de haber sido designado por Busti como interventor del Iosper, en julio de 2005, sucediendo en esa misma función a Miguel Sampietro. Un año después, al dejar su puesto en manos del actual directorio de la obra social, no perdió el trabajo, sino que fue ubicado al frente de la comisión fiscalizadora –que comparte con el abogado Ernesto Denis, y la ex secretaria de Salud, Graciela Traverso–, aunque su alejamiento de la intervención se dio en medio de polémica.
Entonces, a mediados de 2006, los nuevos directores pusieron en dudas las gestiones de Sampietro y de Rizzo, que incluso habían sido observados por el Tribunal de Cuentas. Claro que la llegada del nuevo directorio se dio en medio de la sanción en la Legislatura de una norma que modificó la ley de creación de la obra social, con la inclusión de la figura del cogobierno, a través de una comisión fiscalizadora y un gerente general, designados por el Ejecutivo.
Encorsetada la gestión por la fiscalizadora, fue poco lo que se pudo avanzar en la investigación de las gestiones anteriores, según admitió el titular del Iosper, Silvio Moreyra.
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