La asociación de los empresarios con los militares genocidas ha quedado en evidencia, una vez más, con el caso de Papel Prensa. Pero es utilizada por los Kirchner contra el principal “adversario electoral” y creador de candidatos opositores, el Grupo Clarín y La Nación, dejando intacta la impunidad del “poder invisible a los ojos”, como Cristina sugirió llamar a la clase empresaria.
Por empezar ‘nadie va preso’, parece ser el primer mensaje oficial a la díscola dirigencia empresarial de AEA y UIA que vienen expresando su solidaridad de clase con Héctor Magneto, y no fueron a la Rosada en el acto de anuncios sobre Papel Prensa. Al presentar el informe oficial a la justicia, puede comenzar un largo proceso al CEO de Clarín, cuya sentencia estará en una carrera de velocidades con su enfermedad terminal, y a los viejos dueños de La Nación, los Mitre, pero la familia Saguier que mantiene la propiedad efectiva del holding, nunca mencionada en el informe por Cristina Kirchner, seguirá al frente. La política de los Kirchner ante los genocidas parece ser garantizarles el “trasvasamiento generacional” de la herencia de sus fortunas hechas a sangre y fuego. Hace tres días murió de viejo el ‘capitán de la industria’ Federico Zorroaquin, dueño en 1976 de la empresa Saiar y en los años 80 propietario del frigorífico Cepa y Petroquímica Bahía Blanca, entre otras, e implicado en la desaparición de 12 delegados, incluida toda la comisión interna perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica. Murió impune a pesar de las denuncias y causas abiertas.
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