Revista Superficie
"No lo vamos a dudar. Recurriremos a la justicia cada vez que sea necesario para garantizar que quienes ejercen el derecho a reclamar no impidan la libre circulación de los demás ciudadanos”.
Jorge Franco, Ministro de Gobierno de Misiones
“El poder público persigue penalmente a quienes participan en protestas sociales, en vez de ver estos hechos como un homenaje a la democracia. Son actos de heroísmo de personas que, con gran coraje cívico y a pesar de haber sufrido situaciones tremendas, se levantan y reclaman al Estado que cambie su actitud”.
Roberto Gargarella, sociólogo, abogado constitucionalista
Desempleo, precarización laboral, explotación, pauperización educativa, abandono sanitario, hambre. Las causas enumeradas obligaron a trabajadores (ocupados y desocupados), peones rurales, estudiantes, afectados por represas, padres y vecinos autoconvocados de diferentes puntos de la provincia de Misiones a tomar las calles, rutas, edificios públicos y plazas en reclamo de soluciones al gobierno del Frente Renovador. Las respuestas obtenidas: represión, persecución política, criminalización, judicialización.
La política de la mano dura se impuso como oficial en el Estado del “Crecer más, crecer en paz”. Prueba de ello es que en los últimos tres años se abrieron más de cuarenta procesos judiciales contra luchadores populares, de los cuales varios ya se encuentran en avanzada instancia, próximos a dictamen de sentencia.
La judicialización de la protesta social es una realidad que atraviesa a todo el territorio nacional. Según estimaciones del espacio “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” -integrado por más de 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles de todo el país- actualmente existen en Argentina cerca de 5.000 personas procesadas por participar de protestas sociales.
Rebelión-27/8-Leer
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