Sobre la aparición de peces con endosulfán y PCB en la cuenca del río Uruguay, el integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Martín Alazard, advirtió a AIM que “esos elementos son utilizados hace años por la agricultura”, por lo que “llama la atención que esa información salga ahora” en medio de los monitoreos a Botnia-UPM, y señaló que “genera dudas el no haber estudiado otros componentes; seguramente existe un ocultamiento o se apunta a diluir el efecto pastera”.
En diálogo con esta Agencia, Alazard expresó que los datos emitidos acerca del endosulfán y PCB encontrados en los peces del río Uruguay es un dato acerca del cual la Asamblea “ya advirtió”. De todos modos, “esos elementos son utilizados desde hace años por la agricultura”, por lo que “llama la atención que esa información salga ahora” en medio de los monitoreos a Botnia-UPM.
AIM-21/7-Leer
Además, cerca de 300 kilómetros de campos en el sur entrerriano están en litigio por empresarios que aprovecharon grietas de la burocraciaEl almacén de niños: en esta edición del Semanario ANALISIS, el mercado de bebés en Entre RíosUn niño puede costar hasta 40 mil dólares en Entre Ríos. Esa es la cifra que habría pagado un matrimonio de Buenos Aires por un bebé recién nacido en un hospital público. En las últimas horas se investiga un cuarto caso que habría ocurrido en Gualeguaychú y que se suman a los registrados en La Paz, Feliciano y Rosario del Tala. La Argentina fue denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el modo en que se dio en adopción a una bebé en Entre Ríos. En Concepción del Uruguay, la Justicia Federal investiga casos detectados por los actores locales del Foro Social de la Infancia Robada. Mientras tantos, desde la Legislatura admitieron que son “alarmantes las cantidades de casos registrados en el norte entrerriano y en el sur correntino”. La pobreza extrema de enormes franjas de la sociedad y la falta de una política unificada y clara favorecen las condiciones para el comercio de bebés. Además, en la edición de este jueves, la Fiscalía de Estado registró alrededor de 300 kilómetros de campos en el sur entrerriano que se encuentran en litigio por empresarios inescrupulosos que aprovecharon las grietas de la burocracia para apropiárselos.
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