Por Yeanny González Peña
La Habana (PL) A 53 años del triunfo de la Revolución, Cuba se encuentra inmersa en la actualización de su modelo económico, proceso diseñado para garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema socialista adoptado por la isla.
La victoria del Primero de Enero de 1959 desplazó la vieja filosofía que promovía la calidad de vida de un reducido grupo con el poder económico y político, y cambió el estatus de las grandes masas desposeídas.
Esas transformaciones se enmarcan en un escenario hostil, considerando que siete de cada 10 cubanos han nacido bajo los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla, medida unilateral que ha limitado profundamente el desarrollo del país.
Sin embargo, el gobierno establecido se propuso superar la pobreza heredada de más de 400 años de colonialismo, pese a la hostilidad de la Casa Blanca.
Una de las primeras medidas de beneficio social fue la Ley de Reforma Agraria, que proscribió el latifundio con la nacionalización de las propiedades de más de 402 hectáreas y entregó la tierra a decenas de miles de campesinos.
La acción acentuó la hostilidad de Washington, pues compañías norteamericanas poseían importantes propiedades e intereses tanto en el campo como en otros sectores del país caribeño.
Le siguieron otras de corte progresista, entre ellas una campaña que en poco más de un año convirtió a Cuba en el primer territorio libre de analfabetismo de América Latina.
Cifras oficiales indican que en 1959 solo había aquí 25 mil titulados, faltaban escuelas para más de medio millón de niños, 10 mil maestros estaban sin trabajo; era casi inexistente la enseñanza media y un 30 por ciento de los cubanos no sabía leer ni escribir.
En cambio, con el inicio del curso escolar 2011-2012, el pasado 5 de septiembre, abrieron sus puertas más de 60 universidades de la isla, con una matrícula de cerca de 500 mil alumnos, según publicó el sitio digital Cubadebate.
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Carlos Soria, quien fuera designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro en representación del Frente para la Victoria, estaba al frente de la SIDE durante la denominada Masacre de Avellaneda, en donde como resultado de un plan represivo planificado por el gobierno de Eduardo Duhalde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.Soria pudo postularse a gobernador porque el gobierno nacional, cuando tuvo la oportunidad de impulsar la investigación sobre los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, eligió garantizar la impunidad, al punto de no abrir los archivos de la SIDE y no impulsar de ninguna manera la investigación, permitiendo que personajes como Soria y Duhalde no se presenten ante la justicia para dar explicaciones.
Soria nunca fue investigado, cuando existen sobradas pruebas que lo involucran en la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi. Tanto la Justicia como los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández prometieron impulsar la investigación y nunca cumplieron, lo que los hace cómplices del asesino Duhalde y sus secuaces.
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