jueves, 19 de enero de 2012

M’Biguá alertó sobre la derogación de la ley que prohibía el uso de agroquímicos en los humedales

Desde la Fundación M’Biguá advirtieron que la nueva Legislatura de Entre Ríos, “sin debate parlamentario y sobre tablas -es decir, imposibilitando el estudio y el tiempo democrático mínimamente necesario para la reflexión y la participación cívica-, derogó la ley que prohibía la utilización del paquete tecnológico y químico de la cultura de los agroquímicos y plaguicidas en las islas privadas y públicas de nuestra provincia”. En esta línea, apuntaron que la decisión “viene acompañada de una razón sustantiva. Concretar la privatización total de las tierras públicas en islas y por 99 años, y concentrarlas en muy pocos personajes, y de la mano de una Sociedad Anónima para la explotación agropecuaria y portuaria, ni más ni menos”. “El gobierno no se da cuenta, que ha tirado una bomba, de esas que se dispersan por los territorios, haciendo mucho daño, a unos y otros, a los no nacidos aún, y a ellos mismos, el propio gobierno.

Esta decisión, además de ser un delito ecológico anunciado, casi no tipificado en la legislación argentina, pero un delito ecológico al fin, cae en una de sus ramificaciones como bomba sobre Areas Naturales Protegidas (ANP). Se viola todo, absolutamente todo. La misma provincia que ayer sancionó el proteger areas cultural y ambientalmente relevantes, ahora autoriza irresponsablemente las fumigaciones aplicando el modelo productivo de tierra firme y sin estudios de nada”, arremetieron en un comunicado enviado aANALISIS DIGITAL.

“La misma provincia que suscribió un plan de estrategia de sustentabilidad en humedales con Santa Fe, Buenos Aires y la Nación en el año 2008, simplemente lo ignora y burla. La escala en la mala fe es de una dimensión que habilita a pensar cualquier cosa. Imagino a los gobernadores patagónicos permitiendo la fumigación de los parques nacionales y provinciales, o como en Salta, el escándalo cuando su Gobernador Romero desafecto ANP para el cultivo de soja en la selva de Yungas, el área de mayor diversidad biológica y con culturas originarias. Un caso que la Corte Suprema dijo lo que tenía que decir. Un escándalo. Pues bien, en Entre Ríos vamos al escándalo y el gobernador ha sido llevado a un camino sin salida honorable. Entonces es él quien que debe encontrarla”, subrayaron.

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