No es que las clases trabajadoras, la ciudadanía asalariada, y sus portavoces, los corrientes y comunes que expresan sus sentimientos y exigencias, no puedan decir la suya en temas como el Estatut y ámbitos afines. En absoluto, todo lo contrario. Si miramos los apellidos de los resistentes antifranquistas que fueron detenidos en las manifestaciones, ilegales y perseguidas con saña, de aquellos 11-S no siempre muy concurridos celebrados con riesgo durante la dictadura del general golpista, veremos que los Pérez, Fernández, López, Iglesias, García y Martínez caminaban de la mano junto a los Gil, Bosch, Caselles, Porcel, Folch, Espriu, Subirats o Pujol. Codo con codo. Las clases trabajadoras catalanas, un porcentaje sustantivo de las cuales estaba formado por personas que habían llegado recientemente a las tierras de Martí i Pol y Joan Brossa, no sólo combatieran por los derechos nacionales de Cayalunya, en ocasiones más, mucho más, o con más ostentación pública, que otros sectores sociales, sino que vindicaron el Estatut, el federalismo y el mismo derecho de autodeterminación que incluía el derecho a la independencia, sin que se abonara al mismo tiempo esa opción disgregadora. La República Ibérica Federal estuvo siempre en el horizonte y que el género humano fuera la Internacional era un postulado muy presente en la mente de todos y todas.
No es, pues, ajena a la tradición obrera la vindicación de los derechos nacionales. Otra cosa es la subordinación, el canto y el baile al compás de una música no elegida, sobre todo si los tiempos exigen transitar vías urgentes de reformas y exigencias sociales y económicas.
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