Un inconstitucional Estado de Excepción fue impuesto por el Gobierno del Presidente Fernando Lugo en 5 departamentos del país. Constituye uno de los más graves retrocesos en las conquistas democráticas del pueblo paraguayo después de la caída de la dictadura en febrero de 1989. Afecta directamente a las libertades ciudadanas individuales y de las organizaciones sociales y políticas democráticas.
La Constitución paraguaya establece claramente en su artículo 228 que el Estado de excepción sólo es aplicable “en caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”. Mismo así el Parlamento dominado por la derecha tradicional dio su aprobación a la medida planteada por el gobierno de Lugo.
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