A José Martínez de Hoz ya no lo protege ningún indulto. A 27 años del fin de la dictadura, el ideólogo del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. La Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de los decretos de perdón que en 1990 firmó el ex presidente Carlos Menem y, ahora, el juez federal Norberto Oyarbide tiene vía libre para procesarlo e, incluso, detenerlo. El ex ministro de Economía está imputado, junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que, según ratificó el máximo tribunal, es de lesa humanidad.
El expediente que investigó el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim se inició el 20 de mayo de 1985 por una investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entonces a cargo de Ricardo Molinas. Por esa denuncia, Martínez de Hoz pasó –por única y última vez– 77 días detenido, pero la causa se cerró cuando Menem perdonó a los imputados, tres de los principales impulsores del terrorismo de Estado.
La investigación se reabrió en 2006 cuando, tras el pedido de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide declaró la nulidad de los decretos 1.002/89 y 2.741 y 2.745/90. En su fallo, el juez consideró que “si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, lo cierto es que en este caso el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar”.
Crítica-28/4-Leer
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