El 6 de marzo de 2010, los islandeses fueron a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de la ley Icesave. Esta ley preveía la nacionalización de deudas privadas y la imposición de medidas económicas antisociales con el fin de conseguir fondos con qué pagar esas deudas. Con una participación que superó el 60%, el NO obtuvo una aplastante victoria: en torno al 93% de los sufragios emitidos, lo que constituye una victoria importante contra el neoliberalismo. Esto será también una victoria para la democracia si, contrariamente a lo que pasó en Francia y en Irlanda recientemente, la decisión de los islandeses es respetada.
Pequeño país de 320.000 habitantes, sin fuerzas armadas, Islandia sufrió con máxima intensidad el azote de la crisis financiera actual. Miles de personas perdieron sus fuentes de trabajo o fueron expulsadas de sus casas. Al mismo tiempo, el Estado desembolsó centenares de millones de euros |1| para nacionalizar los tres principales bancos islandeses (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) —totalmente privatizados en 2003— y salvarlos de la quiebra. El pueblo islandés se sintió entonces engañado, y se movilizó masivamente para tratar de hacer pagar el costo de esta crisis a sus responsables: los bancos y los fondos especulativos. Esta presión produjo resultados: el gobierno dimitió a finales de 2008 y, en agosto de 2009 el Parlamento adoptó una resolución para condicionar el reembolso de esta deuda a las «capacidades de pago» del país |2|.
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