Es repudiable que una serie de jueces, con el único objetivo de defender los intereses de los grandes grupos económicos mediáticos, bloqueen la aplicación de una ley que establece avances en la democratización de la comunicación. Si a esto le sumamos que entre estos jueces hay algunos que dejaron en libertad a represores y están siendo investigados por retardar y dispersar causas por delitos de lesa humanidad, no quedan dudas: los que defienden la impunidad de los genocidas son los mismos que pretenden mantener concentrada entre cuatro empresas la producción del 80% de los contenidos audiovisuales que se producen en el país y que eximen a los medios de las obligaciones de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.
No es un misterio que detrás de estas ridículas maniobras judiciales se encuentran los intereses de los grandes grupos económicos y de la oposición de derecha, que se burlan de la demanda de democratización exigida por un amplio espectro de organizaciones populares y vastos sectores de la sociedad.
También hay que decir que pese a la voluntad de ser instalado como un enfrentamiento específico entre el Gobierno y el Grupo Clarín, la pelea por democratizar los medios de comunicación es una batalla que durante años vienen dando organizaciones populares, de derechos humanos y medios alternativos.
Indymedia Debate-16/4-Leer
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