El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.
La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EE.UU. Para los editores de The New York Times, el fallo “golpea el corazón mismo de la democracia” al haber “facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados”.
La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.
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