En los países más industrializados, que fueron el epicentro de la crisis mundial desencadenada entre 2007 y 2008, existe un triste contraste: mientras la población debe hacer frente al deterioro de sus condiciones de vida, los gobiernos y sus amigos a la cabeza de los grandes bancos se felicitan del rescate del sector financiero y de una tímida recuperación coyuntural. Además de los planes de relanzamiento de la economía por más de un billón de dólares, las grandes instituciones financieras han recibido ayudas gubernamentales bajo la forma de garantías, de préstamos e incluso de inyección de capital, pero sin que el Estado participe en la gestión de la empresa ni que aproveche de su presencia para reorientar de manera radical las decisiones que se toman.
El camino elegido por los gobiernos para salir de la crisis financiera privada provocada por los banqueros ha disparado la deuda pública. El enorme crecimiento de esta deuda será utilizado, durante mucho tiempo, por los gobiernos como un medio de chantaje para imponer recortes sociales y para descontar de los ingresos de «los de abajo» las sumas necesarias para el pago de la deuda pública en poder de los mercados financieros. ¿Cómo? Los impuestos directos sobre los ingresos altos y sobre las sociedades bajan, mientras que los impuestos indirectos, como el IVA, suben. Pero es éste un impuesto muy injusto, ya que es sostenido principalmente por las familias modestas: si se aplica un IVA del 20 %, una familia pobre, que destina todos sus ingresos al consumo básico, paga el equivalente a un impuesto sobre su renta del 20 %, mientras que una familia rica, que ahorre el 90 % y sólo consuma el 10 % de sus ingresos, paga en cambio sólo un impuesto del 2 % .
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