Por: Facundo Aguirre
El 10 de febrero en un avión militar norteamericano fue detectado durante un operativo en Ezeiza, armamento, narcóticos y chips que no habían sido declarados a la Cancillería argentina. La revisión del avión y la incautación del material sin declarar fueron realizadas en persona por el canciller Héctor Timerman por orden directa de la presidenta CFK. En consonancia, el Palacio San Martín elevó una protesta exigiendo explicaciones al Departamento de Estado sosteniendo que los norteamericanos debían cumplir con las leyes argentinas, mientras que el Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del gobierno de EE.UU., Arturo Valenzuela, declaró que este país se sentía “perplejo” por el operativo y su repercusión.
Salvo Ricardo Alfonsín, que se mantuvo en una línea “progre” de exigencia a EE.UU. de respeto a las leyes argentinas y Pino Solanas que hasta ahora guardó silencio, la oposición patronal, el macrismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y el radical Ernesto Sanz, junto a los diarios opositores Clarín y La Nación, se mostraron como auténticos cipayos respaldando la posición norteamericana mientras criticaban al gobierno por pretender imponer la ley argentina a los militares norteamericanos. Cristina Kirchner, en un acto en el Calafate respondió que “la defensa nacional no puede tener color ni bandería política, es una decisión estratégica nacional para profundizar la soberanía”. En las últimas horas se calmaron las aguas de la crisis diplomática ante las declaraciones norteamericanas que redujeron el hecho a un “malentendido”, mientras Aníbal Fernández minimizó el tema desmintiendo que hubiera algún “incidente diplomático deliberado”.
Subordinación a la doctrina antiterrorista de EE.UU.
El material incautado en Ezeiza, “estaba destinado para un curso que los paracaidistas del Ejército estadounidense impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal, sobre rescate de rehenes y manejo de crisis” (La Nación, 16/2). Según informes oficiales entre el 2003 y el 2010 “la Argentina recibió u$s17 millones en asistencia militar de los EE.UU. y 4.195 miembros de las fuerzas de seguridad fueron entrenados. La contraprestación (…) fue la compra (…) de u$s 292,7 millones de armamento norteamericano” (Infobae, 15/2). Recordemos que este adoctrinamiento de las fuerzas policiales federales y provinciales salió a luz recientemente en el cruce entre Timerman y Macri donde se denunció la participación de agentes policiales argentinos en los cursos de “antiterrorismo” del ILSE, una institución catalogada como la “nueva Escuela de las Américas” famosa por formar en tortura, espionaje y secuestro a los militares genocidas de la dictadura.
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