La prédica oficial respecto del conflicto agropecuario se sostuvo en la tesis del golpe y en la apelación a la vieja confrontación del pueblo y su Gobierno con la oligarquía. Sin embargo, al mirar lo ocurrido aparecen elementos que no calzan en dicho marco.
Por ejemplo, en el último mes la sociedad vio trabajar a pleno y casi en cadena nacional al Parlamento. La Cámara de Diputados y el Senado recibieron a múltiples organizaciones, a distintos tipos de productores, a funcionarios y a intelectuales, que recorrían sus pasillos con el objeto de saber e incluso influir sobre la decisión de los legisladores.
Es más, tamaño proceso dio lugar a una decisión que implicó el rechazo del proyecto oficial y, por lo tanto, rompió con la inercia de la historia reciente, poniéndole un límite al Poder Ejecutivo. En la práctica, hubo un salto de calidad institucional, una profundización del proceso democrático y una ratificación de que cuando la sociedad se mueve, las instituciones no tienen otra alternativa que funcionar.
Asimismo, los más de cien días de conflicto dieron lugar a debates públicos que, como nunca, tomaron la problemática del monocultivo sojero o la cuestión de la concentración de la producción y de la propiedad agropecuaria, y por lo tanto la realidad de los pequeños y medianos productores. Es más, también tomaron estado público los problemas de la pobreza rural, la devastación ambiental, la problemática de los campesinos y las comunidades aborígenes, la clandestinidad laboral y el trabajo infantil, así como la realidad de los pibes-bandera fumigados una y otra vez en el trabajo agropecuario.
Si bien todo lo que enuncio ya existía antes de la famosa resolución 125, le debemos al conflicto agropecuario la posibilidad de que lo hayamos discutido públicamente. Es decir, este conflicto se expresa también en términos de democratización, de tribuna pública para la denuncia de los límites que exhibe el patrón productivo del sector, de las distintas formas de concentración y de las manifestaciones de desigualdad.
Lo expuesto poco tiene que ver con los objetivos que a priori uno le asignaría a un movimiento oligárquico. En todo caso, si así fuese, podríamos decir que a la oligarquía, en este punto, el tiro le salió por la culata. La agenda de temas que ha quedado planteada excede la discusión sobre algunos puntos más o menos de retenciones.
La decisión oficial trasmitida de volver a la situación previa cuando las retenciones eran del 35%, es una pobre respuesta a la envergadura de los problemas que se han ventilado durante estos cien días. Sin querer negar la existencia de los componentes oligárquicos que el Gobierno ha señalado, parecería que lo ocurrido excede esa caracterización.
Otra de las interpretaciones que han circulado habla de la emergencia de una “nueva derecha”, asociando esto con el consenso social construido en torno del campo. Refieren así, por ejemplo, a las convocatorias en los pueblos del interior. También esto parece ser relativo, ya que cuando fueron las elecciones de octubre hubo referencias expresas al carácter “gorila” que los sectores medios de las ciudades más importantes habían evidenciado (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, etc.) destacando el componente popular del voto de los pueblos del interior.
Una vez más, sin negar las explicaciones oficiales, el raudo cambio de los votantes (lo popular se transformó en gorila) indicaría que probablemente las categorías con las que se está mirando lo que ocurre, poco aportan a la hora de entender algo. Ocurre que tal cual decíamos al comienzo de esta nota, tanto la idea del movimiento oligárquico como la de la nueva derecha son hijas directas de esa tesis fantasmagórica que indujo a ver en todo lo ocurrido la emergencia de una experiencia golpista. Afirmación instalada por el ex presidente Kirchner en base a una lógica que llevó inexorablemente a tensar de manera extrema la situación y a impedir cualquier discusión seria sobre lo que estaba ocurriendo.
Es más, fue él mismo quien sostuvo que el triunfo del No implicaba la caída del gobierno de Cristina. ¿Y ahora, Néstor? ¿Le vas a pedir que renuncie? En la misma dirección, algunos han sostenido que luego de este conflicto el Gobierno queda debilitado y por lo tanto no podrá acometer las profundas transformaciones que quedaron pendientes en el primer gobierno y que se iban a encarar en este período. ¿Es tan así? Es cierto que el consenso oficial se ha debilitado, pero la capacidad de impulsar cambios encontró límites desde el momento en que el ex presidente transformó en soporte de su accionar al Partido Justicialista. ¿O Schiaretti es malo ahora y era bueno cuando fue el elegido de Cristina Kirchner en Córdoba? ¿O el PJ de Santa Fe con Reutemann es malo ahora y antes era aceptable? ¿O Ramón Saadi, que votó por el Sí, puede ser ahora redimido? ¿O la CGT es el interlocutor adecuado para potenciar la organización de los trabajadores y la lucha por la distribución del ingreso?
Pareciera que hay que ser un poco más serio. Lo suficiente como para no aceptar que se afirme la eventual posibilidad de un golpe en base al accionar del justicialismo de los noventa cuando ese justicialismo no es, ni más ni menos, que el mismo que el ex presidente hoy conduce. En realidad, cualquier mirada sensata puede cotejar que el impulso transformador inaugural del gobierno kirchnerista, hace tiempo que se mancó. En todo caso, lo que en esta coyuntura parece haberse quebrado, es esa conducción fuertemente centralizada en el Poder Ejecutivo.
Se abre un tiempo donde el matrimonio Kirchner deberá aceptar (de lo contrario habrá más complicaciones) socios en las decisiones. Socios que no son otros que los mismos que ellos habían elegido como tales. En todo caso queda más claro que la democratización a fondo, la batalla por la igualdad y contra la pobreza, siguen demandando la construcción de una nueva experiencia política.
Claudio Lozano es un veterano sindicalista argentino (CTA) y Diputado de la Mesa Nacional.
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