Rebelión.org - 26/7Salvemos el Ayuí. Rechazan represa al lado del Iberá
Por Fuente: Proteger - Saturday, Jul. 26, 2008 at 11:04 AM
El área a inundar sería mayor que la superficie de la Laguna Iberá. Foto: Fundación Reserva del Iberá
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Un nuevo debate nacional tiene ahora por escenario a Mercedes, Corrientes, donde una coalición de financistas quiere represar el río Ayuí inundando 8 mil hectáreas de altísima biodiversidad.
Es uno de los mayores proyectos para plantar arroz y soja entre otros cultivos, en los bordes del Iberá, un ecosistema único en el mundo.
INFORMACIÓN CLAVE
Fuertes cuestionamientos a la represa del Ayuí, cerca de Iberá. Lo harían para cultivar 28.000 hectáreas de arroz. Se inundaría el arroyo Ayuí, cercano a la laguna Iberá. Los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, comprometerían severamente la calidad del agua de los ríos Miriñay y el Uruguay.
Mercedes, Corrientes, 11 julio, 2008.- Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes [1], deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
(*) Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
[1] Diario Clarín del Sábado 17 de Mayo 2008, sección Rural, y algunos medios provinciales de Corrientes.
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Indymedia
Defensa de las riquezas naturales - La nueva consigna militar en Sudamérica
Por Fuente: APM - Saturday, Jul. 26, 2008 at 10:50 AM
Por Sebastián Pellegrino | Desde la Redacción de APM
Ante la escasez mundial de recursos vitales y la creciente militarización del sur del continente, las Fuerzas Armadas de la región se preparan para eventuales intervenciones militares externas.
El nuevo milenio sorprendió a los países del Sur con un abrupto giro del ciclo de la economía mundial. La gran demanda de productos primarios dio un impulso histórico a las economías exportadoras de la región que perece no tener un plazo fijo de vencimiento.
Otro fenómeno de igual o mayor magnitud pone en evidencia el rol protagónico que adquiere el Sur del continente en el actual contexto político económico mundial: la preocupante escasez de recursos naturales no renovables (como el agua dulce, petróleo, gas natural, biodiversidad, y fuentes de oxígeno y carbono) en amplias regiones del mundo, excepto en Latinoamérica.
Esta parte del continente contiene las principales fuentes de recursos naturales no renovables, vitales no sólo para las regiones en emergencia alimentaria sino también para el sostenimiento de la economía real del bloque de la hegemonía mundial en las próximas décadas.
La región andina y, en gran medida, Brasil suministran una parte sustancial del gas y petróleo que consume el mercado estadounidense. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comparten en su territorio el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce no contaminadas del mundo. A su vez, las posibilidades de generación de energía hidroeléctrica son muy altas. Por su parte, el territorio amazónico, con una superficie aproximada de ocho millones de kilómetros cuadrados distribuidos entre ocho países, representa el 44 por ciento del territorio sudamericano y alberga el ecosistema más diverso del planeta.
Ante tal escenario global, y teniendo en cuenta el pujante proceso de militarización de la región impulsado por la administración Bush, gran parte de los gobiernos del sur, no alineados con el modelo de dependencia de la estructura del poder global, desarrollan junto a sus Fuerzas Armadas nuevos conceptos de Defensa Nacional a la vez que abogan por la conformación de instancias militares conjuntas en la región.
Recientemente el Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, anunció que el próximo 7 de septiembre será presentado al presidente Luis Inacio Lula Da Silva el Plan Estratégico de Defensa Nacional, diseñado para asegurar la soberanía del país sobre los campos petrolíferos descubiertos en los últimos meses.
El pasado mes de junio el Ministro de Defensa señaló que para garantizar la soberanía marítima "se va a privilegiar el uso de fuerzas sumergibles, en este caso un submarino nuclear defensivo, sin ojivas como las que tienen los submarinos estadounidenses y rusos". Asimismo, agregó que "a ello se sumarán cincuenta navíos nuevos de patrullaje, algunos con plataforma para despegue de helicópteros que serán adquiridos a Francia o Estados Unidos".
El amplio consenso en materia de seguridad reflejado el 23 de marzo en la cumbre constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y la conformación de un grupo de trabajo para la definición del futuro Consejo de Defensa de la región, señala una clara definición del nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Sudamérica. Dicho Consejo tendrá como objetivo, en principio, reducir los conflictos y desconfianzas entre los Estados miembros del bloque, y sentar las bases para la futura formulación de una política común en el área de Defensa territorial.
En este sentido, es preciso señalar el viraje doctrinario militar que se desarrolla en Sudamérica. Desde la conformación de los ejércitos regulares en el siglo XIX hasta la actualidad, los fundamentos y el rol de las Fuerzas de Seguridad han sufrido grandes transformaciones en consonancia, o en disonancia según la coyuntura histórica, con los procesos políticos del sur.
En términos generales, desde la incorporación de los nacientes estados latinoamericanos a la economía mundial como actores de la llamada periferia, la adopción y subsistencia del modelo de desarrollo agro-exportador-minero exigía la conformación de fuerzas regulares y profesionales capaces de asegurar la hegemonía de las oligarquías terratenientes en el marco del Estado liberal.
Durante las primeras décadas del siglo pasado, las Fuerzas Armadas sudamericanas continuaron bajo el influjo de regímenes conservadores. En 1930, por ejemplo, se produjo en Argentina el primer golpe de estado encabezado por José Félix Uriburu, jefe de la conspiración contra el gobierno de Hipólito Irigoyen. El régimen de facto tenía como objetivo desplazar los sectores sociales en ascenso que comenzaban a ocupar posiciones importantes en los ámbitos de decisión política.
En los inicios de la segunda mitad del siglo XX comienza a incorporarse en los círculos militares del sur una nueva elaboración doctrinaria que, diseñada por los ideólogos de la contra insurgencia estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, desembocaría en la versión latinoamericana de la conocida lucha contra el expansionismo del comunismo soviético: la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).
Tal doctrina encontró su "justificación" en la disputa por la supremacía de dos sistemas, dos formas de concebir el mundo que se presentaban como antagónicas e irreconciliables: el capitalismo occidental cristiano y el comunismo marxista ateo. Y esta excusa, tomada como una disputa, definió al "nuevo enemigo" al cual debían enfrentarse las Fuerzas Armadas latinoamericanas afines a los dictados geoestratégicos estadounidenses.
La construcción del "enemigo interno" desembocó durante décadas en la imposición de la institución, fuerza y estilo militar en los procesos políticos regulares y provocó que el poder político fuese detentado exclusivamente por las Fuerzas Armadas, cercanas en la generalidad de los casos a los sectores de las clases burguesas dominantes y más conservadoras de la región.
La fuerte presencia de Estados Unidos en el financiamiento, capacitación, entrenamiento y apoyo logístico de los ejércitos regulares del sur del continente hizo posible la realineación de los estados latinoamericanos a la hegemonía del norte y al histórico rol de países dependientes y abastecedores de materias primas.
Con el fin de la Guerra Fría, sofocada la "amenaza soviética" y diseminado el modelo de desarrollo neoliberal en el resto del continente, Estados Unidos logró imponer en la región un concierto de democracias de baja intensidad sobre las cuales no era necesario controlar por medio de la fuerza. Durante varios años las Fuerzas Armadas de la región no contaron con objetivos concretos ni con un rol delimitado.
Sin embargo, los graves y profundas consecuencias de la liberalización de los mercados nacionales y la restricción de las funciones del Estado provocaron en esta parte del continente el surgimiento de gobiernos populares y progresistas desde finales de los 90. El vecino del norte ya tenía preparada su nueva carta.
El Plan Colombia, inicialmente concebido en 1999 por las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y del estadounidense Bill Clinton, se convirtió en el inicio del proceso de militarización de Latinoamérica después de finalizada la Guerra Fría. Por otra parte, recientemente se ha puesto en marcha la Iniciativa Mérida (conocido como el Plan México), una continuación del Plan mencionado pero ésta vez el destino apunta a controlar especialmente a México, Centroamérica y el Caribe.
Ambos programas consisten en el "apoyo" tecnológico y financiero a los ejércitos del sur para la eliminación de supuestos "colectivos terroristas que amenazan la seguridad del continente".
Cabe mencionar que en los últimos meses han aumentado las denuncias, por parte de varios gobiernos, y rumores sobre el ingreso de contingentes militares de Estados Unidos en distintas áreas del continente consideradas estratégicas por sus reservas de recursos naturales no renovables.
Tal el caso de la provincia argentina del Chaco, donde se registraron ejercicios militares sin motivos de conflicto que los justifique. Otro caso preocupante es el peruano, en la región de Ayacucho, donde ingresaron recientemente alrededor de un millar de soldados estadounidenses para realizar supuestas actividades de ayuda humanitaria. A su vez, en el espectro andino se especula con el posible traslado de la base militar de Washington ubicada en Manta a territorio peruano o colombiano.
El retorno del aparato militar estadounidense sobre la región se presenta como la lucha contra un enemigo rediseñado, a la medida de los intereses del norte hegemónico. La categoría del "narcoterrorismo" ha reemplazado al antiguo "enemigo colorado" y se perfila como el fundamento doctrinario militar para una eventual intervención en la región.
Es sobre éste escenario que se afianza el diseño de la nueva consigna militar en Sudamérica. Los gobiernos de Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador han avanzado en los últimos años en la elaboración de un sustrato teórico que siente las bases y las alternativas sobre los nuevos desafíos que asoman en la región. A su vez, todos los estados del sur del continente, excepto Colombia, han suscripto el documento para la creación del Consejo Sudamericano de Defensa.
El año pasado el Gobierno argentino elaboró, junto con autoridades del Ejército, una nueva doctrina militar denominada "Guerra por los recursos". La modificación de los planes militares implicará el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores, en un período de tres años.
Conocido como Plan Ejército Argentino 2025, el proyecto de renovación de tácticas y desplazamiento de tropas ante eventuales ataques externos incluiría las metodologías de defensa utilizadas en guerras de guerrillas para contrarrestar las posibles superioridades tecnológicas del eventual enemigo y para garantizar el efectivo traslado de tropas a las zonas estratégicas.
El eje de los estudios del Ejército está colocado en la reserva de agua dulce subterránea conocida como Acuífero Guaraní, que abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la mesopotámia argentina, más de 800.000 kilómetros cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay y Paraguay. En la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la mayor posibilidad de que el país entre en un conflicto bélico.
Por su parte, el pasado 4 de junio las Fuerzas del estado brasileño realizaron en la estación de Furnas, que es la encargada de distribuir la energía de la represa de Itaipú, una práctica militar que tuvo como lema "Frontera segura, país soberano". El simulacro tuvo como objetivo el ensayo de práctica militar en situaciones de ocupación externa de la zona fronteriza con Paraguay, precisamente en la represa que produce más del 25 por ciento de la energía que consume Brasil.
Es preciso tener en cuenta que el gobierno de Lula Da Silva impulsa un acercamiento con las Fuerzas Armadas de Venezuela, con cuyas adquisiciones de nueve avanzados submarinos rusos, 24 aviones de combate Sukhoi-30, y sistemas misilísticos, los dos países tendrían un potencial militar convencional de gran envergadura.
Venezuela también trabaja desde hace varios años en el rediseño de las Fuerzas Armadas. En 2005 el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan), que apunta a una reorientación de la Defensa, basada en la protección de la soberanía territorial, a la vez que impulsa la participación de sectores civiles en la preservación de la Nación.
En su ocasión, el mandatario venezolano mostró su interés por asignar, en las superficies de tierras productivas recuperadas, lotes de terreno a "unidades de reserva y campesinos organizados para producir y entrenar" en esta tierra, garantizando así la expansión de ese componente, estimado a incrementar su personal, en el mediano plazo, hasta un millón de efectivos a partir de los cerca de 150.000 que la integran actualmente.
El escenario constituyente ecuatoriano también muestra señales de la tendencia sudamericana, en este caso desde el rechazo a la militarización de Estados Unidos en el propio territorio del país andino.
Uno de los pasos más importantes de la Asamblea en materia de soberanía territorial es la prohibición constitucional de presencia militar extranjera en suelo ecuatoriano. El artículo 5 de dicho apartado dispone: "el Ecuador es un territorio de Paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".
Con esta disposición se otorga marco legal a la postura del gobierno de Rafael Correa de no renovar a Estados Unidos la licencia que le permite el funcionamiento de su base militar en Manta hasta 2009.
Las nuevas orientaciones de las Fuerzas Armadas en el sur del continente son los primeros indicios de los grandes desafíos humanitarios y ambientales a los que se dirige la humanidad. Todo esto en el contexto de la actual composición del bloque mundial de poder, liderado especialmente por Estados Unidos. Y son precisamente las decisiones que frente a esos desafíos tomen los países industriales, las principales amenazas que asoman en la región.
Teniendo en cuenta la innegable convivencia pacífica entre los países del sur, queda claro que la creciente militarización estadounidense en la región responde más a la necesidad de garantizar el flujo libre del suministro regional de energía y recursos vitales a los mercados internacionales, sin que sean objetos de agresión, que a supuestos "grupos narcoterroristas" que, según la Casa Blanca, pretenden diseminar la inseguridad en el continente.
Las posibilidades de futuros conflictos mundiales en torno a los recursos naturales son muy altas. Las alternativas para superar tales necesidades son varias y Sudamérica ha hallado el camino de la unión para prevenir las amenazas externas en ciernes.
Por ahora, el actual escenario latinoamericano se presenta como una oportunidad histórica para cumplir finalmente el deseo de emancipación completa respecto de los bloques de poder internacionales. El crecimiento sostenido de las economías del sur brinda un respaldo concreto a las políticas nacientes de Defensa y soberanía territorial, a lo que debe agregarse el pujante integracionismo regional que comienza trascender lo estrictamente económico.
spellegrino@prensamercosur.com.ar
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