Habrá que ver si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario de resentimiento del nivel de actividad económica.
1) Estamos en presencia de un reconocimiento expreso del problema fiscal que, hasta el momento, el gobierno negó. El año 2011 termina con un déficit financiero que supera los $27.000 millones y la proyección fiscal para el 2012 si se repite la performance hasta hoy vigente lleva ese déficit a más de $50000 millones.
2) Es evidente que para un presupuesto nacional cuyo gasto se ubica en torno a los $500.000 millones, tener exenciones impositivas, subsidios y regímenes de promoción que superan los $124.000 millones es una verdadera barbaridad que exigía y exige una revisión. Máxime cuando los efectos que estos subsidios producen en términos de equidad social y de orientación adecuada de la inversión son por demás discutibles.
3) Se confirma que pese al discurso pseudo-progresista del gobierno nacional y popular y a las afirmaciones reiteradas de los funcionarios respecto a las virtudes de los subsidios, la maquinaria construida encerraba profundas injusticias. Ya sabemos por ejemplo que unos $4600 millones se destinaban a financiar a grandes empresas y a hogares de elevado poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% no tiene gas en red y el 22% no posee agua corriente. Precisar esto y señalar que el móvil oficial de las medidas en curso es resolver el deterioro de las cuentas públicas implica entender que en los momentos donde hubo capacidad de expandir el gasto la asignación de recursos públicos dejó mucho que desear y que ahora la eliminación es para equilibrar las cuentas y no para invertir en la solución de los problemas y urgencias sociales.
4) Estamos convencidos respecto a que es posible resolver esta madeja de subsidios sin descargar los costos sobre los hogares más postergados. Para esto es imprescindible segmentar adecuadamente a los distintos usuarios y terminar con las “rentas extraordinarias” de las empresas.
El Gobierno prevé más conflictividad social por la discusión de los salarios
Los gremios anticipan que pedirán aumentos del 25%, pero el Gobierno quiere un techo de entre 14 y 16%. Las disputas con la CGT auguran una negociación más difícil y con protestas.
El camino de la docencia entrerriana
La lucha continúa
por Ignacio González LowyMirar la educación desde la política y la ideología
El nacimiento de una construcción en Tala
No hay comentarios:
Publicar un comentario