El proyecto fue aprobado el lunes por el Senado hace 15 días atrás a pesar de las críticas de la oposición, según una nota de ANSA.
Los 26 senadores oficialistas votaron a favor y los 9 opositores en contra del proyecto que aprobó a mediados de marzo la Cámara de Diputados.
La ley declara imprescriptibles los delitos económicos contra el estado, implanta la retroactividad, permite juzgar en rebeldía a los imputados, la confiscación de bienes cuando el juez lo decida y protege la identidad del denunciante.
Según la ley, los delitos cometidos por funcionarios públicos que atenten contra el patrimonio del estado y causen 'grave daño económico' serán imprescriptibles y no admitirán inmunidad.
Hasta ahora, el presidente de la República, los ministros y los prefectos (gobernadores) sólo pueden ir a juicio de responsabilidades con aprobación de la Asamblea Legislativa.
La nueva norma crea ocho nuevos tipos de delitos penales, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, y dispone que no se permitirá que los delitos cometidos prescriban.
La ley introduce modificaciones al código penal y dispone que los casos de corrupción sean conocidos por jueces y tribunales especiales.
El juez de la causa podrá ordenar el embargo de bienes desde el inicio de las investigaciones en caso de delitos de corrupción, con lo que deja de lado la norma constitucional de presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario.
Según la nueva ley, cuando se declare la 'rebeldía' de un imputado, el juicio continuará en su ausencia, para lo cual el estado designará un defensor de oficio.
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