México está enfrascado en engaños e ilusiones de muchos tipos. A la par de las pertinaces crisis (financiera, alimentaria, energética, climática, laboral), sufrimos también una crisis de la legalidad. De lo que conocemos como pacto social, lo que la gente invoca como derecho.
Para un gran número de personas, la ley no tiene hoy credibilidad. Primero, porque es violada a diario; la población resiente la impunidad de las transgresiones que causan inmenso daño (despojos, devastación, destrucción, envilecimiento, asesinato), así como la irresponsabilidad oficial y sus omisiones criminales. Otros más consideran que las leyes son insuficientes o están sesgadas, y que sus exigencias y aspiraciones no están reconocidas y sus derechos no están plasmados ahí.
Buena parte de la institucionalidad jurídica del Estado está encaminada a la aprobación y aplicación de preceptos que atentan contra las más vitales estrategias de la humanidad. Tales normas se van enredando, apalancándose entre sí hasta conformar un paquete legal sin resquicios para que la gente se defienda por cauces institucionales de normas, regulaciones, reglamentos, registros, certificados y “principios” que abren espacio a las corporaciones para hacer negocios sin consecuencias que afecten sus intereses.
Junto con las corporaciones, los aparatos financieros y los organismos internacionales, el Estado mexicano trabaja por desfondar los aparatos jurídicos y crear otros encima o en los intersticios de la institucionalidad. El comercio, la cooperación técnica, la comunicación, la educación, la salud e infinidad de aspectos de la vida se inundan de tratados y acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, que reinventan el paisaje de “las normas”: más al modo de los negociadores y sus clientes, y menos al de la población que no consigue reconocerse en lo que alguna vez fue el marco legal. La delincuencia organizada, que impone condiciones y disposiciones, se ha convertido en un sistema que ya no podría llamarse “paralelo”. ¿Cómo fluirán comunidades e individuos con aspiraciones de justicia en esta espesura legal que les escatima existencia, importancia, incumbencia y la posibilidad de recurrir a la legalidad para hacerse escuchar?
La Jornada-Leer Completo
Para un gran número de personas, la ley no tiene hoy credibilidad. Primero, porque es violada a diario; la población resiente la impunidad de las transgresiones que causan inmenso daño (despojos, devastación, destrucción, envilecimiento, asesinato), así como la irresponsabilidad oficial y sus omisiones criminales. Otros más consideran que las leyes son insuficientes o están sesgadas, y que sus exigencias y aspiraciones no están reconocidas y sus derechos no están plasmados ahí.
Buena parte de la institucionalidad jurídica del Estado está encaminada a la aprobación y aplicación de preceptos que atentan contra las más vitales estrategias de la humanidad. Tales normas se van enredando, apalancándose entre sí hasta conformar un paquete legal sin resquicios para que la gente se defienda por cauces institucionales de normas, regulaciones, reglamentos, registros, certificados y “principios” que abren espacio a las corporaciones para hacer negocios sin consecuencias que afecten sus intereses.
Junto con las corporaciones, los aparatos financieros y los organismos internacionales, el Estado mexicano trabaja por desfondar los aparatos jurídicos y crear otros encima o en los intersticios de la institucionalidad. El comercio, la cooperación técnica, la comunicación, la educación, la salud e infinidad de aspectos de la vida se inundan de tratados y acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, que reinventan el paisaje de “las normas”: más al modo de los negociadores y sus clientes, y menos al de la población que no consigue reconocerse en lo que alguna vez fue el marco legal. La delincuencia organizada, que impone condiciones y disposiciones, se ha convertido en un sistema que ya no podría llamarse “paralelo”. ¿Cómo fluirán comunidades e individuos con aspiraciones de justicia en esta espesura legal que les escatima existencia, importancia, incumbencia y la posibilidad de recurrir a la legalidad para hacerse escuchar?
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